Casi siempre el solicitar crédito (privado) es positivo para la economía de un país, pues en gran medida el crecimiento económico depende de “dinero fresco” que se puede utilizar en proyectos productivos que generen los recursos necesarios para amortizar las deudas, crear empleos y aumentar la demanda. Eso sucede cuando las condiciones o el entorno económico es estable: baja inflación, tipo de cambio sin gran volatilidad, tasa de interés accesible al empresario, políticas económicas gubernamentales alineadas con el crecimiento, y un largo etcétera.

Obviamente, según la teoría económica, los bancos comerciales fungirán como intermediarios entre los ahorradores y las personas o inversionistas que utilizan los recursos monetarios de los prestamistas. Para que esto funcione, todas las transacciones económicas se darán entre agentes económicos privados, con una sola excepción, la intervención del Gobierno y Congreso en la determinación y autorización de las tasas impositivas a pagar. Pero cuando se trata del endeudamiento del Gobierno, el análisis económico y la perspectiva a mediano plazo es diferente.

Los recursos públicos deben manejarse con cautela para no hipotecar el futuro de una nación, las generaciones por venir deben estar presentes en la agenda de los políticos en el poder. Una política que se puede considerar acertada de la 4T, ha sido el mantener sin crecimiento acelerado la deuda del país, considerando las experiencias tan negativas que se han tenido con administraciones públicas de antaño, que entre otros “males” ocasionaron una acelerada inflación, que tardaron varios años en controlarla, y la moratoria en el pago de sus obligaciones y compromisos internacionales. Manejo muy distinto el que hizo el expresidente estadunidense Donald Trump cuando estuvo en el poder con la deuda pública: bajó impuestos a costa de endeudar al país, y las consecuencias las está enfrentando la actual Administración estadunidense.

Algunos economistas están de acuerdo en que la baja de impuestos genera crecimiento, y a su vez este aumenta la recaudación impositiva compensando la caída inicial de ingresos federales, pero en el caso de Estados Unidos no ha sido así: el Gobierno está demandando al Congreso que le permita más endeudamiento, pues se encuentra al borde de quedarse sin dinero, es decir, en quiebra técnica. Desde hace algunos meses la Secretaría o Departamento del Tesoro (ente parecido a la SHCP) ha utilizado algunos paliativos para allegarse o ahorrar recursos públicos, y así tratar de cumplir con sus pagos a proveedores y trabajadores. Una de las acciones que ha tomado ha sido suspender temporalmente la aportación a los fondos de pensiones de los funcionarios del estado.

Como en casi todos los países del mundo, una forma de financiar el gasto público es a través de la emisión de bonos, que se colocan en el mercado y los compran inversionistas; esto es, la autoridad canjea deuda por dólares. Ante la falta de liquidez del Gobierno, la venta de bonos sería suspendida, según amenazaba la señora Janet Yellen, quien es responsable de las finanzas del Gobierno de EU. El incumplimiento de los pagos, si se llegara a dar, afectaría no solamente la confianza en la Administración estadunidense, sino tendría un impacto nada favorable a nivel internacional, igual o mayor al que está teniendo la pandemia. La solución, indudablemente, debe ser política, poniéndose de acuerdo congresistas demócratas y republicanos para aumentar el “tope” de la deuda estadunidense.