La relación entre Andrés Manuel López Obrador y los hombres del empresariado nacional, que empezó con una luna de miel en los albores del sexenio -cuando el Presidente les juraba amor y los empresarios le prometían inversiones- se tornó muy pronto en diferencias, pleitos y distanciamientos. La cancelación del aeropuerto de Texcoco fue el primer aviso de que se había acabado la luna de miel y empezaban los problemas que pronto se volverían pleitos abiertos con la imposición de leyes, iniciativas y decretos con los que el Presidente y sus bancadas del Congreso golpean a las inversiones privadas, modifican contratos y cambian las reglas del juego en sectores estratégicos, generando pérdidas e incertidumbre a los inversionistas nacionales y extranjeros.

No había pasado ni un año de la 4T y esa relación que nació movida por el interés mutuo ya se había vuelto tormentosa. Y aunque con episodios de reencuentros, diálogos en Palacio Nacional y algunos acuerdos como el incipiente Plan Nacional de Infraestructura, la realidad es que se abrió una brecha cada vez más amplia entre el proyecto político de López Obrador y los organismos empresariales.

Y aunque López Obrador sigue manteniendo cierta relación y comunicación con algunos de los hombres más ricos del país, como Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga, Daniel Chávez, Olegario Vázquez Aldir, Miguel Rincón, entre otros, y ha recuperado interlocución con el grupo de los 10 de Monterrey con los que ha tenido más roces, su relación con los organismos cúpula del sector empresarial es la más desgastada y la que más tensa se ha vuelto por las decisiones presidenciales que golpean a muchas de las empresas agrupadas en el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), entre otras.

En esos organismos cupulares es donde ha surgido más resistencia a las políticas de la 4T, aunque en ese bloque empresarial hay dos corrientes que encaran de manera distinta sus diferencias con el gobierno lopezobradorista. Por un lado está el ala radical del CMN y la Coparmex, y por otro está el ala más dialoguista y moderada del CCE y la Concamin.

Ese bloque de empresarios ha definido su estrategia para enfrentar el embate constante de la 4T y de las decisiones de López Obrador contra las empresas e inversiones privadas y consiste en 3 acciones. La primera es el “diálogo constante”, con el que se proponen no cerrar los canales de comunicación e intercambio de ideas. La segunda acción es la vía jurídica: desde el amparo hasta las controversias constitucionales para impugnar cualquier política, decreto o ley que lesione los intereses de las empresas. Y la tercera acción que han definido, como última instancia, es acudir a los tribunales y los organismos internacionales para litigar cualquier asunto que no pueda ser resuelto en el Poder Judicial Federal y en los Tribunales Fiscales y Administrativos.

Así que las cosas entre el Presidente y los hombres que mueven el dinero en este país están más que claras y cantadas. López Obrador llegó a la Presidencia ofreciendo que iba “a separar el poder político del poder económico” y lo ha logrado aunque sólo en parte, pues aún hay empresarios consentidos que incluso logran influir en él; pero lo que es un hecho es que con la clase empresarial, como la élite que representa al verdadero poder económico, la relación está en un punto de ruptura, al grado que los empresarios apuestan y buscan frenar el proyecto político lopezobradorista a partir de lograr su derrota el próximo 6 de junio.