Una de las grandes responsabilidades económicas, si no es que la más, de los gobiernos es la redistribución del ingreso, entendiendo que esta acción se encamina a lograr una mayor equidad económica entre los integrantes de una economía, por medio de políticas económicas y políticas públicas.

La redistribución del ingreso o de la riqueza se logra con el uso correcto –en tiempo y espacio–, principalmente con herramientas tales como los impuestos y los subsidios.

En palabras llanas, el Gobierno cobra impuestos y con estos ya en las arcas realiza acciones para “lograr” una igualdad entre los ciudadanos.

El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia ha ocasionado que el precio del petróleo se incremente, provocando por ende que el precio real de la gasolina y diésel aumente, por citar algunos ejemplos, en los EU los consumidores pagan ahora un 20% más, en países europeos como España este aumento ha sido de 29.90%, de hecho, el precio de la gasolina en el mundo se ha incrementado 33.3 por ciento.

Este incremento no se ha reflejado en México, en tal magnitud, por un estímulo fiscal de 100% referente al pago del IEPS, Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. Antes de dar inicio este “beneficio fiscal” (5 de marzo de 2022), por cada litro de gasolina Magna el comprador pagaba por este impuesto 5.49 dólares, por litro de gasolina Premium 4.63 y por litro de diésel 6.03.

De primera impresión podemos afirmar que es una buena medida para no afectar el bolsillo de los mexicanos, incluso hoy la gasolina en México es más barata que en la mayoría de los países, sin embargo, al realizar un análisis más profundo, podremos observar algunas aristas en esta acción gubernamental.

Con este estímulo fiscal, el Gobierno federal dejó de recibir alrededor de 10 mil 500 millones de pesos, durante las dos primeras semanas en las que se aplicó este beneficio; en caso de mantener este subsidio por el resto del año, los ingresos fiscales del Gobierno serán mermados en 550 mil millones de pesos.

Para dimensionar los montos, solo basta señalar que el Gobierno acaba de cancelar el programa Escuelas de Tiempo Completo, cuyo presupuesto era de 12 mil millones de pesos. Pareciera que la popularidad del Ejecutivo, en el muy corto plazo, es más importante que la educación de los menores, es especial de los estratos socioeconómicos bajos, quienes aprovechaban esta política educativa que contribuía de manera importante en la redistribución del ingreso. Pero si esta comparación la realizamos por lo que se dejará de percibir durante el resto de 2022, de seguir con este subsidio en la gasolina, el monto de 550 mil millones de dólares equivaldrían a 7.33 aeropuertos “Felipe Ángeles”, o a 2.4 trenes mayas, sin contemplar la externalidad del daño al medio ambiente.

Al realizar un análisis sobre quiénes son los más beneficiados con este subsidio, sin considerar al señor de la popularidad, resulta que solo 20% de los habitantes de México son quienes se benefician, pues según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, 80% de las familias mexicanas solo contribuye con cerca del 16% del IEPS en las gasolinas.

Todo parece indicar, desde esta perspectiva, que el subsidio en la gasolina es un beneficio fiscal que no beneficia a quienes debe de beneficiar, una política de redistribución del ingreso, incluso todo lo contrario, ya que además de no lograr beneficiar directamente a sus bolsillos con la exención del pago de este impuesto, el Gobierno federal ha preferido cancelar programas que en realidad estaban destinados a redistribuir el ingreso de las familias mexicanas, como lo es la educación.