Además de renuncias, desbandadas y defunciones como las de Fernando Elías Calles –nieto del fundador del PRI– y Enrique Jackson –exlíder del Senado y exaspirante presidencial– la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del otrora partido hegemónico ha expulsado al menos a nueve exgobernadores acusados de peculado, blanqueo de dinero, nexos con el narcotráfico y otros escándalos.

En la nómina figuran representantes de “la nueva generación de gobernadores del PRI que moverían a México”, según el presidente Peña Nieto. La corrupción se generalizó en el sexenio peñista y facilitó el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, cuya promesa de erradicar el flagelo le granjeó millones de votos.

Humberto Moreira, autor, junto con su hermano Rubén, de la deuda por más de 40 mil millones de pesos (incluido el pasivo con proveedores) contratada a espaldas del Congreso y de la ciudadanía, es uno de los expulsados.

La ignominia es mayor en su caso, pues previamente había sido defenestrado de la presidencia del PRI y detenido en la cárcel madrileña de Soto del Real.

Los gobernadores peñistas Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo) y César Duarte (Chihuahua) siguen entre rejas.

El jalisciense Aristóteles Sandoval fue asesinado en un bar de Puerto Vallarta el 18 de diciembre de 2020.

Roberto Sandoval (Nayarit) conserva sus derechos partidistas, pero no puede ejercerlos desde el penal federal de El Rincón, en Tepic. Está acusado, entre múltiples crímenes, de colaborar con el cártel Jalisco Nueva Generación, supuesto autor del atentado contra Aristóteles.

Sigal Mandelker, subsecretaria de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (hasta 2019) describe al exgobernador nayarita, electo durante la presidencia efímera de Moreira en el PRI: “Funcionarios como Roberto Sandoval Castañeda (…) se enriquecieron cruelmente a expensas de sus conciudadanos, ya sea que estén recibiendo sobornos de organizaciones de narcotraficantes o participando en una variedad de otras actividades ilícitas, estos y otros funcionarios corruptos se enfrentarían a graves consecuencias (…)”. (El Financiero, 17.05.19).

Es el mismo perfil de exgobernadores acusados en cortes de Texas, aún impunes.

El PRI expulsó a Ulises Ruiz en septiembre pasado. Pero no debido a la toma de la sede nacional, tres meses atrás, como lo quiso hacer creer, sino por la férrea oposición del exmandatario de Oaxaca al líder Alejandro Moreno, cuya renuncia ha exigido reiteradamente, pues lo considera espurio.

El 23 de junio de 2019, Ruiz denunció a Moreno ante la Fiscalía General de la República de haberse enriquecido como Gobernador de Campeche y de falsear su declaración 3de3.

Cabeza de la corriente democracia interna del PRI, Ruiz también acusó el nepotismo de la dirigencia nacional en la asignación de candidaturas a diputados plurinominales.

“El partido es cada vez más de unos cuantos y menos de sus militantes. ¿Nos pretenden tomar por idiotas, por inocentes o por borregos? Dos familias, la de José Murat (cuñada e hijo) y la Moreira-Viggiano (esposos), disponen de cuatro lugares entre 50 que pudieron, hablando con optimismo, llegar a ocupar una curul” (Reforma, 05.02.21).

Ruiz le ganó el pulso a Moreno el el 21 de diciembre pasado, cuando el Tribunal Electoral de Ciudad de México revocó la expulsión. También restituyó a Nallely Gutiérrez, quien participó en la toma del edificio del PRI y fue acusada de apoyar a candidatos de otros partidos.

El exgobernador celebró en su cuenta de Twitter: “Quedan a salvo mis derechos partidistas. Contra las trampas de @alitomorenoc, se impone la justicia”. Ruiz es un hueso duro de roer y no descansará hasta lograr la destitución de Moreno y sus secuaces.