Por alguna causa, aún no clara, en esta ocasión de manera oficiosa, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) presentó ante el Tribunal Constitucional Local del Estado de Coahuila una acción de declaración de Inconstitucionalidad del decreto emitido por el Gobierno del Estado para la prevención del Covid-19.

Debemos recordar que el Gobierno del Estado, el pasado 22 de abril, emitió un decreto para reforzar las medidas de prevención, en el cual se permite sancionar administrativamente a los ciudadanos que no justifiquen su movilidad por motivos esenciales o urgentes, así como la instalación de filtros sanitarios en todo el estado.
Para CDHEC en el decreto se plantean violaciones a diversos derechos humanos internacionales, aunado a que en su aplicación viola principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación, establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, en acuerdo extraordinario para no restringir los derechos humanos en la atención de la contingencia derivada del Covid-19.

Ante este panorama, pareciera que a los de la Comisión de Derechos Humanos del Estado les es extraño o desconocido que el problema de la pandemia por causa del virus Covid-19 es un asunto mucho más complejo y no solo de derechos. Y es que, aún hay quien no lo quiere ver, pero el tratamiento que debe darse a esta inédita crisis, ineludiblemente debe contemplar tres circunstancias: la sanitaria, la jurídica y la relativa a las consecuencias que esta pandemia ha traído al mundo completo. Es decir, que las acciones que cualquier autoridad ejecute en esta pandemia, deberán cuidar los riesgos del virus; medidas excepcionales en las reglas de convivencia que logren frenar la pandemia; y que estas dos estén adecuadas y en concordancia con la emergencia mundial y los cambios que se están dando.

Bajo la anterior premisa, debemos entender que el país, el estado o el municipio, será después de la pandemia el resultado de las medidas que en la misma hayan tomado sus gobernantes. Dicho de otra forma, de nada servirá un estado rígido en el respeto a sus leyes, si lo anterior es causa de su propia destrucción, lo que viene al caso, dado que no existe un marco jurídico, ni constitucional ni legal claro para afrontar un desafío como la presente pandemia, ya que en ninguna ley están previstas las cuarentenas generales.

Entonces, ante la falta de una legislación aplicable, el Gobierno y algunas alcaldías locales han tenido que echar mano de los pocos instrumentos de excepción. Tal cual lo hace de manera discrecional el Gobierno federal, el cual aprovechando la declaratoria de emergencia se permitirá tomar medidas no legales para enfrentar la pandemia, como el reducir salarios a algunos servidores públicos de mayores ingresos y hasta restarles prestaciones laborales como el aguinaldo, entre otras medidas que han sido importantes y algunas acertadas, aunque no todas.

Entonces, ¿cómo se pueden entender las medidas del Gobierno?

Quizá pudieran ser decretos con poco sustento jurídico, pero son medidas que en la sustancia, en lo que se proponen y en la proporcionalidad de la restricción, son acertadas porque en este momento la única forma de prevenir una expansión exponencial del contagio del coronavirus Covid-19, es decretando las previsiones necesarias, las cuales nunca serán excesivas.