El apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al operativo en Villa Unión, donde el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía de Acción y Reacción repelieron el ataque de un comando del Cártel del Noreste (CDN, escisión de los Zetas), y el anuncio del programa “¿Quién es quién en seguridad?” para poner bajo la lupa a los gobernadores y alcaldes, podrían ser el inicio de un cambio de estrategia contra la delincuencia organizada en la frontera con Estados Unidos.

Máxime por la intención del presidente Donald Trump de declarar terroristas a los cárteles, esbozada tras la celada contra las familias LeBarón y Langford donde murieron seis niños y tres mujeres el 4 de noviembre en Bavipse, Sonora.

Las amenazas de Trump surten efecto inmediato. En abril amagó con imponer un arancel del 5% a vehículos y manufacturas mexicanas, condicionar la firma del nuevo tratado comercial (T-MEC) e incluso cerrar la frontera si nuestro país no frenaba el tráfico de drogas y la caravana de emigrantes centroamericanos enfilada hacia Estados Unidos.

Dio un plazo de un año para ver resultados. AMLO cambió sin chistar su política de amor y paz –fronteras abiertas, tránsito libre y visas de trabajo– por la de mano dura. Más de 25 mil agentes de la Guardia Nacional sellaron las fronteras norte y sur.

Para agosto, el flujo migratorio ya había bajado un 56%, según el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. The New York Times (NYT) calificó la actitud del Presidente mexicano como un engaño.

La cuarta transformación corrió el muro de Trump del río Bravo al Suchiate. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, la detención de emigrantes indocumentados disminuyó de 144 mil 266 en mayo a 63 mil 989 en agosto (El País, 6.09.19). “AMLO, en el tema migratorio –dice una nota de Óscar Martínez–, aceptó el absurdo juego de los opuestos: ser el muro invisible de Estados Unidos para la contención de migrantes centroamericanos o dejarlos pasar libremente a todos todo el tiempo. Al menos con las primeras caravanas, su opción parecía la segunda. Ahora, parece optar por la primera”, (NYT, 02.05.19).

Con el mismo doble lenguaje, el Presidente empieza a virar ahora la política de “abrazos, no balazos”. La percepción de inseguridad en el país aumentó de 55% a 65% entre julio y diciembre, según una encuesta de Reforma a propósito del primer año de
Gobierno de AMLO.

Para 62% de la muestra, la Administración federal ha fracasado en combatir al crimen organizado. El 44% opina que el Gobierno debe combatir a las bandas criminales “aunque genere violencia”. Para la mayoría (51%) la estrategia actual tampoco traerá la paz.

El 1 de diciembre fue el día más violento en la era de la 4T, con 127 víctimas mortales. Una periodista interrogó al respecto al Presidente sobre un cambio en la estrategia de seguridad. AMLO atribuyó ese pico a los 21 muertos (ya son 25) en los enfrentamientos en el norte de Coahuila.

El número bajó a 77 el 2 de diciembre, dijo. “Lo que quieren –arguyó– es que regresemos al uso de la fuerza y apostar a las limpias, al exterminio, al “mátalos en caliente”. Eso no, esas políticas fascistoides no”. En Villa Unión fueron abatidos 19 presuntos sicarios y cuatro policías. La proporción es de 4.75 a 1.