La marcha del pasado 15 de noviembre, por mucho, no fue un simple evento de protesta; fue un sismógrafo del sentir nacional que sonó con una fuerza ineludible. Miles de ciudadanos salieron a las calles impulsados por una profunda preocupación sobre el rumbo del país y, en particular, por el deterioro de las instituciones democráticas, la corrupción evidente, la violencia desbordada y la ineficiencia de las políticas gubernamentales. Esta manifestación masiva, lejos de ser un acto de la “derecha conservadora” o de “intereses oscuros” como se le ha etiquetado, fue el grito de un pueblo que exige ser escuchado y respetado.

Lo más preocupante de este episodio no fue la marcha en sí, sino la respuesta insensible y despectiva por parte del Gobierno. El desdén y los insultos proferidos desde el poder hacia los manifestantes no son sólo faltas de respeto, sino una peligrosa señal de la distancia y el menosprecio que la Administración actual siente por una parte significativa de la ciudadanía. Calificar a los marchantes como ilegítimos es un intento de anular una preocupación genuina sólo con palabras, pero con el único fin de seguir polarizando a la nación en bandos irreconciliables, con lo que se carcome cualquier posibilidad de un diálogo democrático.

Cuando un Gobierno utiliza su tribuna para insultar y menospreciar a quienes disienten, está cruzando una línea peligrosa. La democracia no se trata sólo de elecciones; se trata del respeto a la pluralidad, la protección de las minorías y el derecho inalienable a la protesta pacífica. Al rechazar de plano la validez de la manifestación, el Gobierno no sólo rechaza a los marchantes, sino que rechaza el espíritu crítico que debiera alimentar a un Gobierno sano.

La marcha del 15 de noviembre, fue un éxito, ya que con ella se expuso la separación total del Gobierno con la voluntad ciudadana, ya que, la masiva movilización de personas, hartas de la ineficiencia y la opacidad, fue en realidad un grito de la ciudadanía que clama por el cambio, que obtuvo del régimen gobernante como respuesta el desdén, minimización y deslegitimación de los esfuerzos de los ciudadanos sólo para ratificar su ceguera ante cualquier crisis que enfrenta.

​Sin duda, la estrategia de la Presidenta para enfrentar esta crisis, basada en la heredada táctica de ignorar y menospreciar la participación cívica, se convertirá en el más grande error estratégico de su Gobierno; y es que, lejos de disuadir, la arrogancia y el rechazo a reconocer el descontento acelerarán fatalmente la caída del régimen que representa.

Cada burla, cada desaire, de la Presidenta y de los personajes más significativos de la 4t, sólo añade más leña al fuego de la protesta, convirtiendo la indiferencia gubernamental en el combustible más potente para la necesaria transición, tal cual lo vemos con las propias manifestaciones del día de ayer en el desfile conmemorativo al 20 de noviembre. Sin duda el régimen está cavando su propia tumba con cada intento fallido de silenciar la voz del pueblo.

En resumen, la verdadera amenaza a la estabilidad no reside en las calles, sino en Palacio Nacional, por lo que el Gobierno debe entender que gobernar es para todos, y la crítica, es el termómetro de una sociedad viva; ya que de no ser así estamos presenciando el principio del fin de este régimen, o el lento fin de la democracia.