Usando el nombre de Saltillo como coartada y una patente de cónsul honorario con circunscripción en Coahuila, expedida en 2019 a su favor por el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y refrendada en México el 27 de noviembre de 2020 por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el regiomontano Elías Gerardo Valdés Cabrera, dueño de la sociedad mercantil Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V., desvió dos mil 756 millones de pesos del Gobierno Federal entre 2019 y 2022 mediante contrataciones de seguridad privada en algunos casos transexenales cuya ejecución termina en 2025.

Nacido en 1969 en Monterrey, Nuevo León, y domiciliado en la Colonia Cumbres, quinto sector, Valdés Cabrera protagoniza un detalle sui géneris: fue hasta la edad de 44 años que se registró en el padrón electoral del INE. Antes de 2013 nunca estuvo inscrito y por tanto transcurrió 25 años de mayoría de edad sin identificación oficial.

Pero en 2005, con su RFC y CURP, constituyó en San Nicolás de los Garza la referida empresa SEICSA, registrada en 2007 por la Dirección General de Seguridad Pública.

Solamente de la Comisión Federal de Electricidad, el financiador por excelencia del sexenio de la 4T, ha recibido 950 millones de pesos, sin IVA, vía 37 contratos entre 2019 y 2022. Mil 102 millones ya con el impuesto incluido.

Para dimensionar el negocio: pasó de una sola contratación en 2018 con CFE, todavía en el sexenio encabezado por Peña Nieto, convenida en 5 millones 106 mil 181 pesos, a 11 adjudicaciones en 2022 por un total de 414 millones 398 mil 447 pesos en ése año.

O lo sucedido con el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, quien, en el plazo de un mes, del 20 de diciembre de 2019 al 10 de enero de 2020, le desembolsó 814 millones 844 mil 160 pesos vía tres adjudicaciones. O el Banco del Bienestar, quien transfirió 839 millones 207 mil 587 pesos a SEICSA mediante cuatro contratos, de 2020 a 2022.

No es casualidad que sean los emblemas de la 4T quienes figuren en las transacciones: CFE, la caja chica de su política energética, Banco del Bienestar, la caja grande de su política clientelar, y el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, la política demagógica, a secas. En esa trinidad se fugaron dos mil 756 millones de pesos entre 2019 y 2022 por servicios cuya única constancia de prestación son cédulas de reportes de incidentes, las cuales ni siquiera se consideran información pública.

El 6 de febrero de 2019 se publicó su nombramiento como cónsul en Saltillo en La Gaceta, Diario Oficial de la República de Nicaragua, mediante acuerdo presidencial 16-2019 tramitado previamente por la Asamblea Nacional. A partir de ahí la llave del presupuesto federal se abrió en cascada. El 18 de enero del presente año, Valdés Cabrera también fue nombrado cónsul honorario en Nuevo León, con sede en Monterrey, por acuerdo presidencial 12-2023.

En ambos casos la orden procede de Daniel Ortega Saavedra, del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, quien acumula 20 años en el poder, 15 consecutivos desde 2007 a la fecha, y previamente lo había estado también, de 1985 a 1990.

Resulta curioso que antes de situar posiciones estratégicas en metrópolis como Monterrey o Guadalajara, reconozca Nicaragua como consulado honorario uno en Saltillo, situado en un pequeño y austero local que utiliza SEICSA como sus oficinas, en la calle Rayón 1055 del centro de la ciudad. Cabe señalar que ahí no realiza trámites de ningún tipo ni existe una organización formal con empleados. Simplemente Valdés Cabrera fue acreditado unipersonalmente para realizar “labores de apoyo” en promoción comercial y turística, sin un marco legal de actuaciones.

Y es que una empresa de seguridad privada es la justificación perfecta para el desvío de recursos, pues está facultada por el estado mexicano a través de su registro de funcionamiento permanente otorgado por la Secretaría de Gobernación, en este caso folio DGSP/091-07/900, para realizar labores de custodia y traslado de valores y mercancía, además de seguridad especializada en instalaciones específicas como puertos y aeropuertos.

Podrían llevar efectivo sin mayor problema, por ejemplo. Hasta Nicaragua, inclusive. Además el dueño creó por su cuenta en 2021 dos factureras el mismo día, 11 de octubre, y ante el mismo notario: Alfonso Martín León Orantes, el 238 de la Delegación Benito Juárez, en CDMX.

A su vez el representante legal en SEICSA, Miguel Ángel Solís Santillán, posee por su parte otras tres razones sociales de reciente creación, todas con el objeto social de vender seguridad privada en cualquiera de sus modalidades: SSS Asistencia y Supervisión, S.A. de C.V., y Protección Pedregal, S.A. de C.V., ambas constituidas en 2019, y Eurydome de México, S. de R.L. de C.V., en 2021.

Y un tercer invitado habitual a las licitaciones en propuesta conjunta con SEICSA, Business Anywhere Solutions, S.A. de C.V., es representado por Pedro Arturo Blancas Velasco, quien constituyó tres razones sociales más para facturar: Asesores Unidos Profesionales Recosar, E-Business Infraestructura Corporativa Empresarial, y Recosar Servicios de Administración Corporativa Global, todas el 14 de mayo de 2019 en la Ciudad de México.

Sin especificar a cuál se refiere, en la página web de SEICSA refiere como uno de sus clientes, entre otros, al “Consulado de Nicaragua”. Entonces el círculo se cierra, pues en la relación de “amistad, hermandad y cooperación” entre ambos países todo cabe.

Cortita y al pie

No existen antecedentes de apoyo a migrantes nicaragüenses en los cuatro años que acumula su representación en Saltillo, ni tampoco ha sido publicada la cancelación de su exequátur como cónsul honorario en La Gaceta, diario oficial de Nicaragua, pese a que asumió la representación de Monterrey en enero de 2023.

Existen, por el contrario, negocios peculiares que tocan el ámbito territorial del estado, así sea como excusa. Como el contrato número 4905002, en poder de quien esto escribe, firmado por el delegado de la FGR en Coahuila, Efraín Alonso Gastelum Padilla, y el subdelegado administrativo, Sergio Manuel Acosta Aguilar, donde consta que se destinaría un presupuesto máximo de un millón 564 mil 655 pesos para el servicio de SEICSA por 365 días para la vigilancia durante todo 2021 de los “inmuebles de la Fiscalía” (en Torreón, Monclova, Piedras Negras y Saltillo). Sin embargo, verificado vía transparencia, facturó en realidad 181 millones 500 mil pesos.

La última y nos vamos

Para el anecdotario de los historiadores locales: el día que Saltillo sirvió como coartada para financiar el régimen sandinista de Ortega. Habráse visto.