Gabriel García es más importante que conocido. Ha operado financiera y electoralmente para López Obrador desde hace años. Él sabe de dónde salió el dinero para las campañas y para mantener a su familia.

Por eso, cuando ganaron la Presidencia, Gabriel García recibió oficina en Palacio Nacional y fue encargado de operar los programas sociales con los servidores de la nación.

Pero los últimos meses han estado muy movidos para Gabriel García. El Presidente se enojó con él porque perdió la elección en la CDMX.

El 24 de junio lo corrió de Palacio y mandó de regreso al Senado. Se dijo que ahí sería la cuña de Ricardo Monreal. No le hizo ni cosquillas. No presentó una sola iniciativa, no integró ninguna Comisión ni habló en tribuna una sola vez.
El 27 de agosto, Monreal lo sugirió como representante del Legislativo ante el INE. Lo planteó en la reunión plenaria de Morena pero fue vetado por Palacio.

El martes 26 de octubre, García presentó otra licencia como senador. Monreal dijo que se integraría de nuevo al Gobierno federal. Mario Delgado, dirigente de Morena, dijo que lo nombraría delegado del partido en Oaxaca.

Durante estos trompicados meses, en alianza con Delgado y de la mano de su incondicional Alejandro Peña, García recorrió municipios creando comités de Morena: tenían cada vez más fuerza dentro del partido, aún cuando nadie se explicaba el financiamiento de tanta gira proselitista.

El presidente AMLO zanjó ayer las dudas: Gabriel García se encargará del proyecto Agua Saludable para La Laguna, con un pie en Durango y otro en Coahuila, ambos estados con elección de gobernador próxima.

Puede sonar a operación electoral, pero también a intento fulminante por desactivarlo. Según fuentes en Morena, el Senado y el Gobierno federal, en Palacio han molestado mucho los señalamientos de corrupción contra García: su gestión de los programas sociales, por no poder levantar un padrón único de beneficiarios, tampoco un Censo de Bienestar.

También el desvío de recursos de servidores de la nación, beneficiarios fantasmas, asignación discrecional de programas a personas que no califican.

Súmele los sospechosos negocios que hemos relatado en esta columna: con Cabal Peniche y Alejandro Del Valle, en los Centros Integradores, cajeros del Banco de Bienestar, las sucursales, el sistema operativo… hasta en Interjet.

Además, me informan que su sucesor, Carlos Torres, ha encontrado desagradables sorpresas al revisar su gestión como coordinador de Programas Sociales, al grado de que la instrucción fue sustituir los sistemas que implementó García, como el famoso Sider, con el que recababa datos para beneficiarios de los programas sociales, y que seguía ordeñando para sus fines políticos personales.

Montó una oficina en la colonia Roma de la Ciudad de México para, a partir de toda esa información oficial de padrones de beneficiarios, incidir en la afiliación en Morena, y con eso, en la formación de comités, la renovación del Consejo Nacional, las carteras del Comité Nacional y últimamente, en los candidatos.

Nada de este plan sería posible sin la operación de su escudero Alejandro Peña, su suplente en el Senado, quien hasta hace poco se encargaba sencillamente de la logística en los mítines de Morena. En la elección de este año, Peña Villa fue el encargado de la Estructura Electoral y Promoción del Voto de todas las campañas morenistas.

También fue parte del Comité de Elecciones que definía candidaturas y tenía incidencia en el Comité de Encuestas. Apenas el mes pasado fue nombrado delegado especial para la conformación de Comités de Defensa de la 4T (nombre heredado de la dictadura cubana, por cierto).

Todo converge este fin de semana. Hay Consejo Nacional en Morena. García y Peña buscan que el este apruebe su método de afiliación: institucionalizar el uso de los programas sociales y datos personales de los beneficiarios para nutrir la militancia del partido en el poder. Hasta dentro de Morena les da pena. A ver si se atreven.