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La otra agenda: Estado de desacato en flagrancia

Por Columnista Invitado

Hace 2 dias

POR: JESÚS REYES HEROLES G.G.

Las personas valoran mucho vivir con seguridad, que comprende diversos aspectos, desde lo más simple, que permite la convivencia en paz.

En México hoy la seguridad física recibe mucha atención, pues se han extendido los ataques contra las personas y sus bienes.

La seguridad jurídica es muy apreciada por los mexicanos, por eso, sentirse inseguro implica que la persona o su comunidad pueden sufrir diversos aspectos de inseguridad, simultáneamente.

Por desgracia, esa es la situación de México hoy. Cotidianamente se reportan diversos delitos y crímenes que afectan directamente al ciudadano, y también que lesionan sus derechos básicos.

La violación de esos otros derechos es tan o más extendida que aquella contra su persona y bienes, por ejemplo, el cobro de “derecho de piso” y la extorsión.

Quizá el daño más extendido sea el incumplimiento colectivo de la propia ley de una manera sistemática y generalizada, sin que alguna autoridad lo sancione: impunidad. Otro caso es el desacato; cuando existe un juicio y sentencia, pero esta no se cumple.

La multiplicación de la práctica del desacato, sobre todo por parte de autoridades, potencia el sentimiento de que se vive en una sociedad donde no se cumple la ley.

Sobre el sentimiento de inseguridad de los ciudadanos, el desacato causa un daño muy grave y, lamentablemente, se observa todos los días y es cada vez más evidente.

El desacato se presenta en casi todas las actividades de la sociedad y afecta a casi todos los integrantes de la misma. Hoy México vive un estado de desacato a la vista de todos (flagrancia) pues las sentencias de los jueces no se cumplen. Con gran frecuencia, el desacato es perpetrado por las propias autoridades que, en principio, tienen la obligación de hacer que las sentencias se cumplan. En México hoy abundan los casos de desacato, pero pareciera que los mexicanos han “normalizado” la situación, aceptándolo como un fenómeno endémico.

Quizás el más evidente sea el que se está experimentando con relación al Tren Maya. A la luz de todos ha quedado claro que por sus efectos ambientales se gestionaron y obtuvieron varios amparos definitivos contra su construcción, por carecer de diversos permisos, y por sus daños anticipados.

La respuesta del Gobierno Federal fue no acatar las sentencias de suspensión. El afán de AMLO por seguir avanzando en el Tren lo llevó incluso a recurrir a un subterfugio jurídico al definirlo como una obra de “seguridad nacional”, ante los ojos atónitos de millones de mexicanos que observaban esta maniobra para no acatar la sentencia, esto es, con una flagrancia total.

Los derechos de muchas personas han sido y están siendo atropellados por el Tren Maya, ante los ojos de todos, y sin que se perfile alguna instancia que deba (y pueda) hacer efectiva la sentencia. El tramo 5 se ha convertido en un museo del desacato flagrante.

Otro ejemplo de desacato a la vista de todos fue la prohibición de hacer proselitismo en torno a la consulta de revocación de mandato, que ciertamente no se cumplió, comportamiento que ahora continúa con las llamadas campañas adelantadas, que involucran a precandidatos de Morena a la Presidencia de la República.

Quizá una pequeña parte de la explicación de la multiplicidad de desacatos radique en que, conforme al Artículo 180 del Código Penal Federal, la pena máxima es de hasta mil pesos, hasta dos años de prisión, y, en su caso, la separación del cargo.

Por tanto, el costo para quien incurre en desacato es, o muy bajo, o conlleva un costo político muy alto para la autoridad. En cierto modo, el desacato es un delito imperfecto, pues la pena es realmente nimia, comparada con el daño causado por el delito.

La proliferación del desacato constituye un cáncer maligno que ha agravado Morena, y que apenas se está manifestando.

 

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