El desafecto del presidente López Obrador por los gobernadores tiene raíces profundas. Los conoce. Sabe cómo llegaron al poder, cuáles son sus intereses y a quién representan. A diferencia de sus predecesores, nada lo compromete con ellos, pues ganó las elecciones sin tener a uno solo de Morena; el único estado donde perdió fue Guanajuato, tierra de Vicente Fox, entonces bajo la batuta del panista Miguel Márquez. AMLO tiene informantes en cada estado, además de los delegados, los cuales lo tienen al tanto de los pasos de los mandatarios locales; incluso puede saber quiénes utilizan el poder para enriquecerse.

Si AMLO palpó en su campaña el ánimo social hacia los gobernadores, en sus giras como Presidente volvió a escuchar denuncias, abucheos y rechiflas contra la mayoría de ellos; algunos incluso dejaron de acompañarlo para evitarse el mal rato mientras las aguas regresaban a su cauce. En la rueda de prensa del 20 de abril, el Presidente declaró que existe coordinación con los gobernadores para afrontar la emergencia sanitaria por el coronavirus y que su relación con ellos es cordial.

Sin referirse a la supuesta rebelión de un grupo de gobernadores contra el acuerdo fiscal, cuyo impacto en la opinión pública fue mínimo debido a su improcedencia en medio de la pandemia, AMLO dijo que la mayoría demanda más recursos, pues la recaudación se desplomó debido al paro económico por el Covid-19. Las participaciones y transferencias federales son las principales fuentes de financiamiento de los estados. En algunos casos representan 90% de sus presupuestos; el resto corresponde a ingresos locales, dijo.

Los estados con mayor recaudación propia -destinos de sol, playa y otros cuya economía depende del turismo- son los más afectados, pero a ninguno se le han reducido las participaciones federales, aseguró el Presidente. Sin embargo, en la reunión de la Conago del 14 de mayo, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, anunció un recorte por 89 mil millones de pesos. Reacio a los salvamentos por su cauda de corrupción, AMLO recomendó a los gobernadores ajustar los presupuestos y aplicar «la política de austeridad republicana bajo el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. (Entonces) a reducir gastos sin despedir personal -ni pagar tanto en gasolina, teléfono, viajes, viáticos y un largo etcétera-; así se liberan fondos».

Advirtió, por otra parte, que tampoco cederá a las presiones para elevar la deuda. Las cartas de intención, firmadas en el pasado con organismos internacionales, comprometían al país a subir el precio de los combustibles, reducir los salarios, eliminar prestaciones sociales y privatizar la educación y los servicios sanitarios. «El periodo neoliberal dejó en bancarrota al sistema de salud; no hay médicos, no hay especialistas (…). Imagínense a qué se dedicaban: a comprar aviones de lujo, a derrochar, a robar», declaró.

Los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, primeros en plantear una nueva coordinación fiscal, acusaron recibo. Un día después del mensaje de AMLO, arriaron banderas para «dar prioridad a la contingencia de salud». El tema pasó de las primeras planas a notas en interiores. El jalisciense Enrique Alfaro, matizó: «No es mi propósito romper el pacto fiscal, (sino) hacer modificaciones de fondo para que haya un reparto más equitativo» (Mural, 22.04.20). Los gobernadores no quitarán el dedo del renglón, y tampoco el Presidente.