Por: Carlos Seoane

En México, una refinería clandestina puede operar durante años sin que nadie se dé cuenta. Después puede aparecer una segunda instalación en la misma ciudad y, mientras las autoridades todavía cuentan los litros asegurados, nadie parece capaz de explicar cómo una operación de esas dimensiones consiguió funcionar a plena vista.

Todo frente a un Gobierno que, al parecer, tiene una extraordinaria capacidad para descubrir las cosas después de haberlas ignorado.

Hace unos días, la FGR aseguró en Reynosa, dos instalaciones vinculadas con el manejo ilegal de combustibles. En la principal encontró cerca de 3.8 millones de litros de hidrocarburos, tanques, tuberías, motobombas, generadores eléctricos, pipas y tractocamiones.

Poco después fue localizado un segundo predio con características semejantes, donde se aseguraron otros 109 mil litros, equipo de almacenamiento y vehículos para transportar el producto. Hasta ahora no se han reportado detenciones directamente relacionadas con la operación de estos lugares.

No encontraron una manguera conectada clandestinamente a un ducto.

Encontraron una industria.

Y una industria no aparece por generación espontánea. Para construirla se necesitan terrenos, maquinaria, tanques, tuberías, bombas, generadores, instalaciones eléctricas, sistemas de seguridad y personal especializado.

Alguien tuvo que diseñarla. Alguien vendió los equipos. Alguien los transportó. Alguien construyó las instalaciones. Alguien suministraba las refacciones. Alguien daba mantenimiento. Alguien vigilaba el predio. También había que abastecerla.

El petróleo y los hidrocarburos no llegaron hasta ahí por ósmosis. Tuvieron que ser extraídos, cargados, transportados y descargados. Las pipas circularon por carreteras, atravesaron municipios y llegaron repetidamente a una instalación industrial que, según investigaciones periodísticas, se encontraba aproximadamente a 1.5 kilómetros de un cuartel de la Guardia Nacional.

Después había que vender el producto. Eso requiere compradores, intermediarios, facturas, almacenamiento, estaciones de servicio, empresas transportistas y redes de distribución.

Todo eso requiere dinero. Mucho dinero. Nóminas, combustible, mantenimiento, vigilancia, operadores, proveedores y pagos para resolver los inevitables problemas que genera cualquier operación industrial.

Entre esos problemas está la autoridad. Una empresa legal necesita uso de suelo, permisos ambientales, medidas de protección civil, licencias, controles fiscales e inspecciones. Una empresa ilegal necesita algo distinto: que nadie pregunte, nadie revise y nadie detenga los vehículos que entran y salen.

Por eso no basta con asegurar los predios y contabilizar los litros. Hay que saber quién abastecía, quién compraba el producto, qué empresas transportaban los hidrocarburos, qué documentos utilizaban y cuántos funcionarios permitieron que la cadena continuara funcionando.

Porque una operación de esta magnitud solamente puede explicarse de dos maneras.

La primera es una incompetencia institucional prolongada, profunda y casi inverosímil.

La segunda es la protección. No hace falta que participe todo el Gobierno. Basta con unos cuantos funcionarios colocados en los lugares correctos: un inspector que no inspecciona, un policía que deja pasar una pipa, un empleado que valida un documento, un mando que ordena no intervenir o alguien que avisa antes de una revisión.

Las autoridades presentan estos aseguramientos como golpes al crimen organizado.

Lo son, pero también son la evidencia de un fracaso previo.

Cada tanque encontrado es una pregunta. Cada pipa representa una ruta que nadie quiso seguir. Cada millón de litros supone cientos de movimientos que ocurrieron frente a los ojos del Estado.

El Gobierno puede celebrar que finalmente encontró las instalaciones. Lo que todavía debe explicar es cómo consiguió no verlas durante tanto tiempo.