Por: Ulrich Richter

Son loables las voces que reconocen que nuestro sistema de justicia no concluyó con la Reforma al Poder Judicial de la Federación del 2025, sino que, a la vista de la experiencia, se encuentra en perfeccionamiento. Por ello, se llevó a cabo la reforma constitucional de junio del 2026 orientada a optimizar el nuevo diseño del Poder Judicial de la Federación y dedicada a armonizar la misma con la legislación secundaria. Y como la tarea es constante, esta semana se presentó por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal de Disciplina Judicial, del Tribunal Electoral y del Órgano de Administración Judicial, una nueva propuesta de reforma.

El espíritu de ese texto es reforzar los mecanismos de coordinación, diálogo, asistencia técnica y presupuestal del organismo de administración, así como también dotar al mencionado Tribunal de Disciplina Judicial, de mayores capacidades de investigación, evaluación y vigilancia de la función jurisdiccional.

Parte importante de la iniciativa radica en conceder a este tribunal comisiones que, de acuerdo con su especialización, podrán investigar y evaluar al personal jurisdiccional. Tal es la directriz de trabajo que han enfatizado los autores en la propuesta, que se establecen las comisiones de Evaluación del Desempeño Judicial y la de Responsabilidades Administrativas cometidas por personal jurisdiccional.

Claro que se debe de fortalecer dicho organismo para poder remover y quitar los vicios que todavía están enquistados en algunos secretarios y magistrados, donde imperan las viejas prácticas que se venían realizando por juzgadores ya contaminados y que todavía se mantienen en funciones.

Como ejemplo de lo que seguramente han observado: uno de los veteranos (2000) magistrados integrantes del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, José Juan Bracamontes Cuevas, y su secretario proyectista César Cárdenas Arroyo, siguen haciendo de las suyas perpetuando las tan criticadas vivencias de la época anterior, esto es, la justicia como una mercancía al mejor postor.

Tan desviada está la ruta, que la Fiscalía General de la República ya recibió la denuncia correspondiente al igual que el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, sobre el actuar de dichos personajes.

Si buscamos un poco más, con una mirada panorámica, vamos a encontrar casos en que las nuevas instituciones ya han intervenido y otros, en los que seguramente desplegarán sus recursos humanos, técnicos y los de la ley, para que el perfeccionamiento tenga un curso claro y constante. Esto de hecho es una demanda social y aspiración de la reforma de 2025.

Así que robustecer al Tribunal, en este caso, con las citadas comisiones va a potenciar avances y dará una mayor regularidad a su funcionamiento. Justo lo que es parte del compromiso judicial.

Las voces que piden ir más allá siempre existirán y las que se oponen a cualquier cambio, también. En los hechos, la justicia en México debe ser un faro al que, llegado el momento, todos puedan recurrir. Que sea un espacio de puertas abiertas, escucha y aplicación de la ley.

Cierto es que habrá que discernir, pero sin perder de vista que la mayoría de los reclamos existentes obedecen a los viejos vicios que venían arraigándose en el sistema judicial. Claro, la solución no es de un día, ni de un año, es una labor ardua y permanente, lo importante es extirpar a estos personajes cancerígenos que tanto daño han hecho al sistema de justicia de nuestro país. Es lo correcto.

*Abogado y activista, maestro en Ciencias Penales. Autor del libro “El ciudadano republicano y la cuarta transformación”.