Entre los múltiples desafíos que tenemos los mexicanos para salir del atraso, la pobreza y la desigualdad, garantizar la atención de la salud en forma universal, equitativa y de calidad, es una necesidad crucial. Además de representar un componente insoslayable del desarrollo humano de la población, la salud es una condición básica para impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida. Como recientemente lo señalaron la Comisión Económica para América Latina y la Organización Panamericana de la Salud, “…la salud de la población debe ser una piedra angular y una apuesta estratégica para el crecimiento y el desarrollo a largo plazo”.

Sin embargo, el sistema de salud que actualmente tenemos, y a pesar de los esfuerzos que se han hecho, es una amalgama de decisiones de política pública y una diversidad de instituciones que no responde a un diseño unificado que permita garantizar una atención de calidad para toda la gente; es un sistema fragmentado. Tenemos el sistema de salud que podemos tener, no el que necesitamos.

Y aunque la pandemia del coronavirus y las medidas erráticas e irresponsables que ha adoptado el actual Gobierno federal, han profundizado la crisis del sector salud, la verdad es que sus deficiencias se originaron y prevalecen desde hace décadas.

El sistema de salud vigente se compone de las instituciones públicas como la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, los servicios de Pemex, Sedena y Marina, más lo que fue el Seguro Popular y hoy es el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Las fallas del sistema no permiten el pleno ejercicio del derecho a la salud que establece la Constitución ya que, según las cifras del último censo que realizó el INEGI, es sumamente inequitativo: excluye a 33 millones de mexicanos (26% de la población), lo que afecta a la gente en condición de mayor pobreza.

Y por si fuera poco el problema de la inequidad y exclusión, la afiliación a un régimen como IMSS o ISSSTE, no garantiza el acceso efectivo a la atención. Por las deficiencias que prevalecen, 34% de los afiliados al seguro social recurren a servicios privados y lo mismo hace 41% de quienes pertenecen a otros esquemas de seguridad social.

Lo que ilustra claramente la prioridad que tiene este sector en México, es el porcentaje del PIB que representa el gasto en salud de apenas 5.5%, uno de los más bajos de los países de la OCDE, que promedian 8.8 por ciento.

El descuido del sector salud por parte de la Administración federal es evidente en el presupuesto que se aprobó para 2021.

De cada 100 pesos que el Gobierno gastará en inversión en 2021, 43 pesos se irán a hidrocarburos y solo 2 pesos al sector salud y un peso al educativo.

Urge repensar la estructura, organización y fuentes de financiamiento de nuestro sistema de salud y se convierta en una palanca que mejore nuestra calidad de vida; organizar un sistema de salud universal, equitativo y de calidad es nuestro mayor reto.