En estos días, viendo el ir y venir de los muchachos con sus mochilas por nuestras calles saltillenses, me puse a recordar las quejas en la plaza pública cuando las cosas no marchan bien en las escuelas de los hijos. Ante problemas como la necesidad de mantenimiento urgente, los techos dañados o el calor de nuestra región que se vuelve insoportable dentro de las aulas, el dedo acusador casi siempre apunta de inmediato al palacio municipal. Es una reacción humana, la más cercana, pero, analizando las cosas con la cabeza fría y el rigor de los datos, la realidad resulta ser muy distinta.

Quienes llevamos ya un buen tiempo como periodistas nos damos cuenta de ello. Si revisamos los textos legales que sostienen el andamiaje de nuestro país, específicamente la Ley General de Educación en su artículo 123, la letra es muy clara y no deja lugar a las interpretaciones de café. Ahí se estipula, con toda la fuerza del derecho, que son las autoridades federales y los estados quienes tienen la obligación constitucional de destinar los presupuestos necesarios para que la administración escolar se sostenga con dignidad. Los municipios, por ley, no manejan esos dineros ni tienen la facultad de decidir sobre los grandes rumbos de la infraestructura educativa del país.

Recordarán ustedes las complejidades que nos dejó el confinamiento de la pandemia en su momento. Fue una sacudida brutal que nos obligó a encerrarnos y que puso al desnudo las carencias acumuladas durante décadas. La falta de conectividad y de plataformas digitales eficientes no fue un invento; fue una realidad dolorosa que sufrieron miles de estudiantes en nuestras colonias populares y comunidades rurales, ensanchando una brecha que todavía hoy intentamos cerrar en Coahuila. Esos huecos estructurales, siendo rigurosamente objetivos, caen por completo en la cancha de los órdenes superiores de gobierno. Un alcalde podría simplemente cruzarse de brazos, ampararse en el texto de la ley y decir: “Ese no es mi problema”. Y, legalmente, nadie podría reprochárselo.

Sin embargo, en el servicio público la ley es el piso, no el techo. Por eso resulta justo poner sobre la mesa el trabajo de la administración municipal actual de Javier Díaz González aquí en Saltillo. En lugar de escudarse en el cómodo deslinde que le otorgaba la burocracia, se ha tomado una postura proactiva que vale la pena desmenuzar sin apasionamientos políticos. Un ejemplo concreto de esta visión es la inversión de 169 millones de pesos destinada a la construcción de techumbres en planteles escolares de Saltillo. Obras como la gran estructura entregada en la colonia Ricardo Flores Magón o la techumbre en la primaria Félix U. Gómez, en el sector Herradura III, demuestran un compromiso real para que las niñas y los niños cuenten con espacios dignos donde protegerse del sol y realizar sus actividades.

Desde que arrancó su gestión, Javier Díaz planteó una premisa que los hechos han ido sosteniendo: la educación en los municipios no puede ser un asunto menor ni un tema de segunda categoría. Aunque los recursos municipales siempre son limitados y las prioridades de bacheo o seguridad aprietan a diario, se ha entendido que la única forma de avanzar es mediante la sinergia y la colaboración constante con el gobierno estatal y las instancias federales. No se trata de suplantar responsabilidades ajenas, sino de hacer equipo donde a la gente más le duele.

Los esfuerzos de esta política se ven en las acciones cotidianas que van más allá del discurso oficial. En lo que va de este año, la administración ha impulsado con fuerza el programa de transporte social gratuito “Aquí Vamos Gratis”, facilitando el traslado diario de miles de estudiantes y aliviando de forma directa los bolsillos de las familias saltillenses. Asimismo, el respaldo constante a festivales de expresión juvenil y el fortalecimiento de planteles como el CECyTE y EMSaD Coahuila demuestran una visión integral de desarrollo.

Al final del día, a uno como cronista le toca registrar los hechos con la objetividad que dan los años: deslindarse siempre será lo más fácil, pero comprometerse de lleno con las causas comunitarias es lo que verdaderamente construye el futuro de Saltillo.

(Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013; Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018; finalista en Excelencia Periodística 2018, representando a México; Presea Trayectoria Humberto Gaona Silva 2023).

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