Monterrey, NL.- Al acudir a laborar a los centros de salud y hospitales estatales, médicos pasantes que hacen su servicio social son aterrorizados por la violencia que genera el crimen en el sur y en la zona citrícola de Nuevo León.

En los últimos seis meses, han enfrentado balaceras, amenazas, narcomantas y el hallazgo de personas descuartizadas.

Además, hay pacientes que acuden armados y les exigen atención médica.

El pasado fin de semana, por el recrudecimiento de la violencia, las autoridades estatales retiraron a los pasantes y residentes médicos de la zona citrícola.

Alumnos egresados de la UANL, UDEM y Tec de Monterrey, admitieron que ya no quieren regresar a las instalaciones estatales de salud porque no existen las condiciones de mínimas de seguridad.

Según los testimonios, la ola de violencia se extiende por municipios como Allende, General Terán, Hualahuises, Linares, Montemorelos, Rayones y Santiago, que forman parte de la jurisdicción 7 de Salud.

También en Doctor Arroyo, Aramberri, Galeana, General Zaragoza, Mier y Noriega e Iturbide, de la jurisdicción 8.

Hace dos semanas, en el Ejido San Rafael, en Galeana, fue hallada una cabeza humana en una hielera con un narcomensaje, y a raíz de eso la Secretaría de Salud retiró a los pasantes de la jurisdicción 8.

“Nos estamos sintiendo poco arropados por toda esta situación”, señaló un pasante de la jurisdicción 7, “no queremos regresar, y si vamos a regresar, pues de perdido quisiéramos garantías”.

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Como parte de la dinámica de su servicio social, los médicos pasantes tienen que mudarse a la zona rural y vivir entre 12 y 15 días en el centro de salud u hospital que les corresponde.

Mientras viven allí, a veces en ejidos, se enfrentan a todo tipo de situaciones violentas, y la situación los está rebasando.

“Muchos de los pasantes han atendido gente armada”, dijo otro pasante de la jurisdicción 8, “muchos de los pasantes han atendido gente que sabe que está involucrada en estas cosas y no les puedes decir que no”.

Cuando ocurren balaceras, los pacientes se resguardan dentro del centro de salud, que consideran poco seguro por las puertas de vidrio y la falta de vigilancia.

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Sin el servicio social, los pasantes no se pueden graduar. Sienten que, aprovechando esto, las autoridades los obligan a asistir en condiciones de inseguridad.

“No podemos hacer nada con el crimen organizado”, lamentó una pasante, “es la realidad y no podemos hacer nada más que estar al pendiente de las indicaciones que nos diga Secretaría de Salud y es triste esto que estamos viviendo”.

Si no mejoran las condiciones de seguridad en el sur, piden a la Secretaría de Salud reubicarlos al área metropolitana.

“La verdad es que esto yo sé que está fuera de control otra vez”, dijo la pasante, “creo que lo mejor sería dejarnos aquí ya, fijamente pero yo sé que también el sur no se puede quedar sin médicos”.