El tiroteo del martes en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, dejó un saldo de 19 niños, dos adultos fallecidos y el tirador. Con 22 víctimas, es el segundo tiroteo más letal en la historia de Estados Unidos.

Salvador Ramos, de 18 años, anunció en internet sus planes asesinos; tomó un rifle AR-15, disparó a su abuela que lo quiso detener y se dirigió a la escuela para acribillar a niños y con ello despedazar a toda una comunidad y a un país.

El rifle, que compró unos días antes, no alcanza los 500 dólares. Cuesta menos que una bicicleta o una consola de juegos Xbox profesional.

A los 18 años, en Estados Unidos eres menor de edad, necesitas una receta para comprar un antibiótico, te faltan tres años para adquirir una cerveza legalmente, pero a los mismos 18 años, en Estados Unidos Salvador tuvo acceso a armas de fuego, cartuchos, y con ellos aniquiló la historia de muchos niños que apenas comenzaban a escribirla.

En medio de la conmoción mundial, comenzaron a brotar las preguntas equivocadas: ¿El atacante era mexicano? ¿Los niños eran de origen latino? ¿Cuál era su estatus migratorio? ¿De qué vive esa comunidad? ¿El agresor tenía problemas de salud mental?

Todas y cada una de esas preguntas son un terrible síntoma de la sociedad. Es un mal diagnóstico para la frontera que ya está muy lastimada por crímenes de odio, por represiones policiacas y polarización. Esto no es un tema de migración, de raza, de origen. No podemos permitir que se mezclen los temas.

La pregunta central tras la matanza es: ¿cuántas tragedias así tienen que suceder antes de entender que las armas de fuego no pueden estar al alcance de todos? ¿Por qué vuelven a ser los niños los que pagan los platos rotos de la falta de una decisión enérgica al respecto?

El presidente Biden ya pidió hacerle frente al lobby de armas, pidió al Senado apurar el nombramiento del titular de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) que lleva acéfala más de siete años.

El candidato demócrata a la Gubernatura de Texas ya reclamó al Gobernador republicano Greg Abbot enérgicamente. Es por ahí y es urgente.

Saciamorbos

El martes en esta columna exhibimos el negocio que está haciendo Morena con el carbón para apuntalar su campaña por la Gubernatura de Coahuila.

Como reacción a ella, me llegó un dato extra fascinante: la Alcaldesa morenista de Múzquiz, Tania Flores Guerra, pertenece a una de las familias de empresarios carboneros más grandes del estado.

Tiene un litigio contra la CFE (principal comprador de carbón) y su abogado es… ¡José Luis Morán! Sí, el que fue jefe de la UIF estatal en el actual Gobierno, que fue encargado de los contratos carboneros, que le coordina la campaña al precandidato de Morena y subsecretario federal, Ricardo Mejía, y que, además, es puente entre el Gobernador priista y el precandidato morenista porque de los dos es compadre. Todo queda en familia.

Mejor juntos pero no revueltos. Después de que denunciamos en esta columna que el secretario de Comunicaciones tenía a su exesposa despachando sin cargo en su Secretaría, nos cuentan que ahora ya está muy cómoda en la Lotería Nacional.