A partir de este lunes, el Gobierno del Estado intentará, por todos los medios posibles, dar los primeros pasos de un proceso paulatino de reactivación económica.

Tal vez no sea lo más prudente en términos de salud pública, ya que la pandemia está lejos de ceder, pero en términos sociales es urgente.

Simple, el aparato productivo en su conjunto no aguanta mucho más. Centenares de empresas están al borde de la quiebra, y otras de plano ya no encuentran viabilidad en el futuro cercano. El golpe para estas últimas simplemente fue fatal.

Pero hay otra arista, mucho más grave, que son las familias que hoy sobreviven penosamente sin ingreso alguno: en números cerrados hasta el momento se han perdido alrededor de 11 mil empleos formales, 11 mil coahuilenses a los que el Covid-19 dejó a la deriva.

Habría que sumar varios miles, muchos miles más, de personas que vivían de actividades informales, precisamente los más vulnerables, y que desde hace semanas simplemente carecen de cualquier ingreso.

Si no se reactivan a la brevedad las actividades productivas se estará alimentando una verdadera legión de desesperados y eso lo saben las autoridades.

Habría que imaginar a miles y miles de hombres y mujeres sin comida en sus mesas, sin la posibilidad de satisfacer las mínimas necesidades de sus hijos y hasta lógico resultaría anticipar una verdadera avalancha de robos, asaltos y saqueos.

La necesidad provoca desesperación, y esta abre las puertas a cualquier cosa. Eso es precisamente lo que se debe evitar.

Efectivamente, reactivar la economía tal vez no sea lo más prudente en términos sanitarios, pero en términos económico-sociales es impostergable.

Ni hablar, de ese tamaño es la trampa en la que nos encontramos.