Argentina.- Parece un chiste de Spy × Family, pero no lo es. Un intenso debate se desató esta semana en el Senado de Argentina durante la discusión en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales sobre un proyecto de ley que busca aumentar las penas por la sustracción y comercialización de menores de edad.

Este debate se dio en el contexto del caso de Loan Danilo Peña, un niño originario de Corrientes que está desaparecido desde el 13 de junio. El senador riojano Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza —el partido del presidente de Javier Milei—, causó polémica al intentar incluir una excepción para los casos en los que las familias enfrentan un “estado de necesidad”.

El proyecto de ley, impulsado por los senadores de la UCR (radicalismo, de centro) Carolina Losada y Eduardo Horacio Galaretto, propone tipificar como delito la compra y venta de menores de edad, una figura que actualmente no está contemplada en el Código Penal.

El proyecto, presentado originalmente en 2022 y que había perdido estado parlamentario, busca modificar el artículo 139 bis del Código Penal, aumentando las penas mínimas de tres a cuatro años, y hasta un máximo de diez años para quienes reciban o entreguen a un menor a cambio de algún tipo de contraprestación.

Durante la sesión del jueves pasado, el proyecto fue aprobado por unanimidad con 63 votos a favor. Sin embargo, la intervención del senador Pagotto, presidente de la Comisión, generó un fuerte rechazo. Pagotto introdujo modificaciones no discutidas previamente, buscando eximir de pena a los progenitores que entreguen a sus hijos debido a “estado de necesidad”.

La senadora Juliana Di Tullio, de la coalición peronista Unión por la Patria (UP, centro-izquierda), cuestionó duramente a Pagotto, señalando que sus propuestas no habían sido acordadas. “Usted no está leyendo el dictamen, está leyendo una propuesta que trajo y está en nuestras bancas, pero no es el dictamen”, expresó Di Tullio.

Pagotto argumentó que algunas familias numerosas, al enfrentar situaciones extremas, pueden verse obligadas a entregar a sus hijos y que sancionarlas dejaría al resto de la familia desprotegida. Sin embargo, su inclusión de esta excepción en el dictamen sin discusión previa fue ampliamente criticada.

Debido a la controversia, el jefe del bloque de UP, José Mayans, propuso devolver el texto a la comisión para una revisión más detallada, lo cual fue aceptado. La revisión se realizará el 10 de julio. La organización “Militamos Adopción” celebró la detección de la trampa por parte de los senadores opositores y reafirmó que “los niños no son mercancía”.

La postura de Pagotto sobre la comercialización de niños refleja ideas previamente expuestas por el presidente Javier Milei, quien en 2022, como diputado, había debatido sobre la venta de menores y órganos, sugiriendo que la sociedad podría aceptar tales prácticas en el futuro.

Patricia Bullrich, rival de Milei en las elecciones presidenciales de 2023, había criticado duramente estas posturas, citando al economista Murray Rothbard, ídolo de Milei, y advirtiendo sobre los peligros de considerar a los niños como propiedad de los padres.