Mientras el presidente López Obrador salía a jugar beisbol para mantenerse en forma, los senadores de Morena cumplieron sus instrucciones y en un madruguete aprobaron la enmienda a la Ley de la Industria Eléctrica tal como él quería, sin cambiarle una coma.

Morena, el Partido del Trabajo y el PES consumaron el mayoriteo. Ni siquiera el Partido Verde, siempre cercano al poder, estuvo dispuesto a aceptar la legislación por la contaminación que provocará, y se unió a la oposición del PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano para votar en contra. De nada sirvió.

Se le ha llamado la ley combustóleo y con razón. Uno de los motivos de esta legislación es dar salida a una enorme cantidad de combustóleo que se ha venido acumulando en el país. El combustóleo es un subproducto de la refinación de gasolina con un alto contenido de azufre. Pemex, de hecho, ha estado produciendo más combustóleo que gasolina. Con anterioridad se podía vender como combustible para barcos, pero debido a su alto nivel de contaminación ha sido prohibido en el mar. El presidente López Obrador ha decidido quemarlo en plantas termoeléctricas como la de Tula, que constituye la fuente fija de mayor contaminación en el Valle de México, o la de Manzanillo. Quiere que lo respiremos los mexicanos.

El presidente López Obrador ha afirmado que la decisión es necesaria para garantizar la rectoría del Estado en electricidad y para dejar de subsidiar a empresas privadas que considera dominantes. Curioso, porque según Paul Alejandro Sánchez, experto en energías renovables, la Comisión Federal de Electricidad tiene el 80% del mercado de generación, 100% de la transmisión y 100% de la distribución. Es ya un monopolio.

La nueva legislación no solo aumentará la contaminación, sino que elevará de manera automática el costo de la energía. No podía ser de otra manera. La ley vigente privilegia la compra de electricidad más barata y limpia, la nueva favorecerá la que produzca la CFE, que es la más cara y sucia. Pero hay otros problemas. Uno es que se ha detenido ya la inversión privada en electricidad, en parte por las políticas de la 4T, pero también por la incertidumbre jurídica que esta ha generado. La Comisión, sin embargo, no tiene la capacidad para reemplazar las inversiones que no realizarán los privados. Miriam Grunstein, especialista en temas energéticos, me decía ayer en entrevista: “Tenemos que irnos preparando para los apagones”.

Dice el Presidente que con esta legislación se pone a la CFE en condiciones de competir y se elimina un subsidio a las empresas privadas. La verdad es otra. Obligar al sistema eléctrico a comprar primero la energía de la CFE no es competir en igualdad de circunstancias; no hay, por otra parte, indicios de que haya subsidios a los privados. El subsidio que registran las cuentas de la CFE, de 75 mil millones de dólares anuales, es producto de tarifas artificialmente bajas para algunos consumidores.

La CFE tuvo pérdidas netas en 2020 de 78 mil 920 millones de pesos, después de una utilidad de 25 mil 673 millones en 2019, pero la justificación que ofreció la propia empresa fue una pérdida cambiaria. Las ventas totales de la empresa, por otra parte, bajaron en 10% a 503 mil 636 millones, pero por la pandemia. La nueva ley combustóleo quizá aumente las ventas, pero a un costo muy elevado tanto financiero como ambiental.

Fitch y Pemex

Pemex anunció que suspenderá el contrato que tiene con Fitch Ratings por supuestas razones de austeridad. Parece más bien que la petrolera quiere castigar a la calificadora por haber sido dura en sus evaluaciones de Petróleos Mexicanos. La consecuencia, sin embargo, será todavía reducir la credibilidad de Pemex en los mercados internacionales.