Puebla.- Tras la controversia por la recién aprobada Ley de Ciberseguridad en Puebla, bautizada como “Ley Censura”, el Gobernador morenista Alejandro Armenta defendió que el objetivo de esta legislación no es limitar la libertad de expresión, sino proteger a la ciudadanía ante el creciente número de ciberdelitos.

Abordado por periodistas locales y cuestionado sobre esta legislación publicada el pasado viernes en el Periódico Oficial del Estado, que incluyó reformas al Código Penal que tipifican el ciberasedio con penas de hasta tres años de cárcel, el Mandatario comentó que Puebla ocupa el quinto lugar a nivel nacional en ciberdelitos.

“Lo que se está haciendo es proteger a los niños, busca proteger a las mujeres, lo que se busca es proteger la identidad, que hoy con los ciberdelitos, cualquier persona puede manipular su sistema financiero”, comentó Armenta, refiriéndose a delitos como el robo de identidad, la corrupción de menores y la trata de personas, ante los cuales, dijo, la ciudadanía era vulnerable en el espacio digital.

El morenista subrayó que la zona metropolitana de México concentra los índices más altos de estos ilícitos en la era del conocimiento, por lo que destacó a la ley como vanguardista.
“Puebla se pone a la vanguardia en materia de ciberseguridad”, afirmó.

Asimismo, el titular del Ejecutivo estatal celebró que el Congreso local haya aceptado su propuesta emitida a inicios de semana, de realizar foros públicos para analizar el impacto y los objetivos de la Ley de Ciberseguridad.

Afirmó que la ley está abierta al análisis técnico y científico, con la posibilidad de fortalecerse a través del diálogo con distintos sectores.

Sostuvo que en el Poder Legislativo existe voluntad para escuchar distintas voces.

“Una ley puede nacer con foros, tener procedimientos de determinación inmediata, y una vez aprobada debe seguir explicándose su impacto y beneficios”, expuso.

“El espíritu del legislador nunca es generar un limitante a las libertades. Si en el proceso existe alguna posibilidad de enriquecimiento de la ley, estoy seguro de que los diputados van a enriquecerla”.

La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Idamis Pastor Betancourt, refirió que numerosos casos de ciberacoso o ciberasedio no alcanzaban la justicia debido a la falta de una legislación específica en la materia.

En tanto, la presidenta del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, precisó que este jueves iniciarán los foros con ciudadanos y manifestó estar abiertos a cambios en beneficio de la sociedad, pero con sustento, aclaró.

A nivel federal, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, coincidió con el Gobernador Alejandro Armenta en la necesidad de revisar la nueva ley en foros con la participación de periodistas y otros sectores involucrados, como padres de familia.

Para activistas y defensores, la ambigüedad en la definición de “insulto” y la severidad de las penas son los puntos más criticados.

Organizaciones como Artículo 19 y Sociedad Civil México han expresado su preocupación de que estas disposiciones puedan ser utilizadas para reprimir la libertad de expresión y la crítica hacia el Gobierno.

Recordaron que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión protege discursos que pueden “ofender, insultar”, siempre que no inciten a la violencia o al odio.

La iniciativa, propuesta en noviembre de 2024 por el entonces diputado José Luis García Parra (actual coordinador de Gabinete del gobernador Armenta), fue aprobada el 12 de junio en un proceso calificado de “fast track” por la Oposición, con el voto mayoritario de Morena y sus aliados.

Partidos como Movimiento Ciudadano, PRI y PAN criticaron la ambigüedad de la ley y su potencial uso para censurar a activistas y críticos.