La puesta en marcha de la nueva Ciudad Judicial en Saltillo prometía ser la joya de la corona en la gestión de Miguel Felipe Mery Ayup al frente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila. Sin embargo, el salto digital y la implementación del sistema de tribunal virtual, con los naturales tropiezos de un cambio de esta magnitud, derivaron en un descontento inicial entre algunos sectores de litigantes y personal operativo.

Como abogados en el libre ejercicio de la profesión, experimentamos a diario los retos de la transición digital. Existen áreas de oportunidad evidentes: es verdad que falta personal en diversas áreas y que una parte del equipo operativo aún debe superar viejas inercias burocráticas para subirse al ritmo que exige la justicia moderna. Es decir, estos desajustes son los inevitables costos de transformación que conlleva modernizar un sistema que por décadas permaneció estático. Defender la consolidación de la Ciudad Judicial y la visión innovadora de la Presidencia del Tribunal no es un acto de complacencia, sino de justicia institucional frente a un proyecto que busca, de fondo, eficientar el acceso a la justicia en Coahuila.

Lo que rompe toda lógica es la desproporcionada campaña mediática y la ruidosa solicitud de juicio político promovida en días recientes por un grupo de litigantes. En el gremio de abogados de la ciudad nadie peca de ingenuo, por lo que me atrevo a asegurar que los mismos litigantes que firman la petición conocen perfectamente la técnica jurídica, por lo que saben de sobra que una solicitud de tal magnitud, que debiera ser fundamentada en imponderables técnicos y administrativos, carece de sustento para prosperar en el Congreso del Estado.

Técnicamente, el recurso tiene poca viabilidad procesal, así que, promover una vía con poca posibilidad solo cobra sentido como una estrategia de difusión mediática. Es decir, que detrás de esta fachada de molestia gremial se percibe la intención de sectores que buscan empañar los avances del Poder Judicial y generar ruido innecesario en un momento de consolidación institucional.

Pretender derrumbar un modelo de vanguardia por fallas operativas corregibles mediante una inercia precipitada de denostar todo de manera generalizada, en lugar de señalar y construir de forma acuciosa y objetiva, demerita el debate profesional.

Es fundamental recalcar que las relaciones institucionales del Poder Judicial y su directiva se mantienen dentro del marco de la estabilidad y la agenda de gobernabilidad que exige el estado, por lo que la narrativa de un aislamiento o debilidad institucional carece de fundamento real, o al menos en el escrito no se percibe tal aseveración y se da por asentado que la colaboración y el respeto entre los poderes públicos sigue siendo el pilar fundamental del estado de derecho en nuestra entidad.

Bien dice la sabiduría popular que lo que no te mata te hace más fuerte, así que, por causa de todo lo anterior, lejos de debilitar a la institución, esta embestida terminará por blindar al Poder Judicial y ratificar y a su Presidencia, o lo que es lo mismo, este episodio demostrará que los proyectos de fondo, la visión de largo plazo y el compromiso genuino con la modernización de la justicia, deberán prevalecer siempre sobre presiones coyunturales y críticas desmedidas