El 2 de junio de 2019, Jaime Bonilla Valdez, resultó electo Gobernador de Baja California. El candidato contendió para ocupar el cargo a sabiendas de que solo sería por dos años, dado que tiempo atrás se habían hecho una serie de modificaciones en materia electoral en ese estado, para “empatar” las elecciones federales con las locales, como ha estado ocurriendo en todo el país (menos en Coahuila, pero esa es otra historia). Así pues, el candidato de Morena en Baja California, rindió protesta para ejercer el cargo el 1 de noviembre de 2019.

Ahora bien, meses antes de que asumiera el cargo, en julio de 2019, el Congreso de Baja California aprobó una reforma constitucional que le permitía, en su carácter de próximo gobernador, permanecer en el cargo no solamente dos, sino cinco años, es decir, del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2024, siendo, como lo comenté, que la ciudadanía había votado por él para que ostentara el puesto del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.

La reforma efectuada, bautizada desde entonces como “Ley Bonilla”, fue rechazada por supuesto por los principales partidos políticos, así como por el Instituto Nacional Electoral, quien el 31 de octubre de 2019, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las modificaciones aprobadas por los diputados de Baja California.

El Pleno del tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió –como era de esperarse– por unanimidad, que la reforma a la Constitución Política de Baja California era inconstitucional. El Pleno determinó que dicha modificación, la cual fue realizada con posterioridad a la elección, violó varios principios del sistema democrático mexicano, como lo son: los principios de certeza electoral, legalidad y seguridad jurídica, las bases constitucionales de la organización política de los estados, el derecho a votar y ser votado en condiciones de libertad e igualdad, así como los principios de no reelección y de irretroactividad de las leyes.

Pero eso no sería todo, meses después del desaguisado de Bonilla, circuló una reforma ahora en materia judicial, con la cual se extendería el mandato de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De nueva cuenta se asomaba un esfuerzo más de la 4T por medirle el “agua a los camotes” y buscar un camino o la aceptación para que López Obrador extienda su mandato o pueda reelegirse. Sin embargo y después de la polémica hasta el mismo Presidente tuvo que salir a decir que esto se había tornado en algo poco probable.

Fiel a su costumbre, el Mandatario aseguró que la culpa de que no caminara esta ampliación en la SCJN, no era por lo inviable y antidemocrático de esta, sino por algunos de los miembros de la Corte que se oponen a que “se limpie la corrupción” y porque “no quieren” al magistrado presidente. “No lo quieren sus mismos compañeros que vienen del antiguo régimen con las mismas prácticas y los mismos vicios”, dijo.

Total, para no hacer el cuento largo, luego de los dimes y diretes, Arturo Zaldívar, presidente del máximo órgano judicial, anunció ayer que dejará su puesto en 2022, que es la fecha cuando termina realmente el periodo para el cual fue electo por sus compañeras y compañeros ministros y apuntó que su decisión está tomada independientemente de la resolución que dé la Suprema Corte con respecto a la extensión de su mandato.

Al final creo que se está curando en salud antes de la resolución dada la poca aceptación a la reforma judicial por parte del círculo rojo. Con esto, cero y van dos intentos por parte del régimen morenista, para que a la mala y de madruguete, de quebrar la Constitución.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Exdiputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.