El comportamiento de la economía de mercado desde su advenimiento en Inglaterra, hace más de 200 años, siempre ha sido complejo e impredecible, particularmente cuando se trata de empresas grandes que tienen control sobre el mercado o, en términos técnicos, que operan bajo competencia monopólica. Esto es cuando la cantidad de negocios que configuran un determinado mercado es limitada y tiene un posicionamiento sólido en ventas, que la hace poco susceptible de aceptar propuestas de compra para dejar el mercado, o de asociarse con otras empresas del mismo ramo.

Lo que sí es relativamente probable es que sean “seducidas” por prácticas de colusión, es decir, llegar a acuerdos entre ellas, sobre designación de precios, volúmenes de producción, o cualquier otro tipo de estrategia que les permita obtener ganancias extraordinarias; en palabras coloquiales, repartirse el mercado sin necesidad de bajar precios o modificar costos de producción, o si me apuran un poco, competir como ignorando estructuralmente la competencia, la cual sirve de “pantalla” para tratar de engañar a los reguladores.

En México, la responsable de evitar la formación de monopolios y colusiones entre empresas, solo por citar algunas de sus funciones, es la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Casi todas las investigaciones de ese tipo tardan tiempo en realizarse (meses o años) porque se debe llegar a tener evidencias suficientes para fincar multas a los actores involucrados. Un caso reciente que se difundió a nivel nacional por la magnitud de la sanción, fue el que aplicaba a empresas que forman parte del mercado farmacéutico en México.

Como preámbulo del caso que se comenta, conviene citar que determinados laboratorios farmacéuticos ejercen un poder de mercado amplio a nivel mundial, y algunos de ellos tienen filiales o subsidiarias en territorio mexicano, así que no es de extrañarse que su mismo poderío propicie fallas de mercado en la economía nacional. Enseguida se comentan algunas conductas sancionadas por el regulador.

Primera práctica: la restricción de medicamentos. Casi todos de alguna manera lo hemos experimentado al no encontrar disponible, en la farmacia, el medicamento indicado en la receta médica, poniendo en riesgo la probable recuperación de la salud del enfermo. Una de las razones fue que al limitar intencionalmente la oferta de ciertos fármacos, se causaba un desequilibrio porque aumentaba su demanda y traía como consecuencia el encarecimiento de los mismos. El incremento de los precios de las medicinas de acuerdo con la Cofece, no solo se ha dado por aumentos en los costos de producción, sino por acuerdos entre empresas, dejando de abastecer el mercado.

Segunda práctica: discriminación por cuentas por pagar. Varias empresas y distribuidoras farmacéuticas se coludían para ofrecer sus productos a los minoristas (farmacias) en función de sus obligaciones crediticias, si sus clientes eran deudores les limitaban el acceso a los medicamentos o de plano les suspendían el abastecimiento. Comercializaban solo con aquellas que les ofrecieran un pago rápido, sin líneas de crédito a determinados plazos.

De acuerdo con la Cofece, los acuerdos a que llegaban fabricantes y distribuidores costaban a las familias una erogación de 2 mil 359 millones de pesos adicionales a lo que debían haber pagado por el suministro de medicinas, en un periodo de casi 10 años, de mediados de 2006 a 2016. Sin duda el mercado de fármacos es uno de los más lucrativos en el mundo.