“Aquí no hay contratos amañados por debajo de la mesa”, afirmaba durante una transmisión de Facebook el pasado 15 de junio la Alcaldesa de Morena en Múzquiz desde 2022, Tania Vanessa Flores Guerra.

“Para mover la boca tienes que tener sustento, tienes que traer pruebas”, retaba en respuesta a los cuestionamientos por nepotismo y desvío de recursos en su Administración. Hasta que la realidad superó sus bravatas.

El asunto se resume así: Servicios y Minerales Guel, S.A. de C.V., empresa fantasma, sin trabajadores, creada para facturar, domiciliada en un local vacío, que pertenece -en documentos- a dos empleados de Antonio Flores, hermano de la Alcaldesa de Múzquiz, obtuvo 20 millones de pesos del Ayuntamiento de la Región Carbonífera por obras y servicios cuestionables en 2022, mediante adjudicación directa. Movimientos fiscales posteriores al negocio demuestran que las ganancias acabaron trianguladas en las cuentas de Antonio Flores y esposa indirectamente.

Un caso modélico de corrupción. De principio a fin.

Cuestión de seguir los pasos de los pesos. El 29 de diciembre de 2022, es decir, 48 horas antes de terminar el año fiscal, las sociedades mercantiles de Antonio Flores Guerra y su esposa, Mariana Paola Marroquín, o sea Minerales Don Chilo y Minerales Amarani respectivamente, emitieron documentos fiscales a favor de Servicios y Minerales Guel por 2 millones 600 mil pesos y un millón 496 mil 400, en ese orden.

Dicho de otra forma: los comprobantes evidencian que Guel les pagó en total 4 millones 96 mil 400 pesos dos días antes de terminar 2022, a cambio de las facturas. Ahí se cierra el círculo de nepotismo y desvío de recursos que inició cuatro meses atrás, cuando la empresa con operaciones simuladas fue beneficiada por el Municipio que preside Tania Flores con 10 millones 917 mil 452 pesos entre agosto y septiembre de 2022 por adjudicación directa de tres obras públicas.

En agosto igualmente, a través de una supuesta convocatoria de licitación sin sellos y con evidentes errores en fechas y conceptos, identificada con el folio MMC-TMM-001-2022, le adjudicó 9 millones 72 mil pesos por “renta de vehículos equipados como patrulla” a la misma “persona moral”.

Así en 2022, el primer año del trienio, el negocio significó 20 millones de pesos (10.9 de obras + 9.1 de patrullas), casi un 10% del presupuesto anual (el popular “diezmo”) del Municipio, estimado en 212 millones de pesos.

Y lo más importante: una quinta parte de lo cobrado al Ayuntamiento acabó en las cuentas de Antonio Flores, diputado local electo por el PT, y esposa.

Alguien podría decir en su defensa que las transacciones obedecen a otro motivo. Sin embargo la triangulación involucra también otras empresas del consorcio familiar. Cito un ejemplo: en un plazo de 24 horas, entre los días 25 y 26 de octubre de 2022, Guel facturó un millón 650 mil 800 pesos a El Volcán Consorcio RC, y 772 mil 500 a Coal de Sabinas.

Ambas, Coal y El Volcán, están vinculadas a los Flores Guerra mediante su responsable financiera, Yolanda Villarreal González, quien a su vez es socia de la madre de los hermanos Flores Guerra, María Elena Guerra Flores, en Inmobiliaria FG Múzquiz, S.A. de C.V., y por si fuera poco también funge como Tesorera en la persona moral AFG Ganadería, de Antonio Flores, y como comisaria en San Isidro Gasolineras, de él mismo.

Y como se recordará, Servicios y Minerales Guel fue constituida en Sabinas el 14 de septiembre de 2021 y como socios originales figuraban Edgar Alí Hernández Garza, de 30 años de edad, con 90% de las acciones, y Jacqueline Garza Briones, de 23 años, con el 10% restante.

Curiosamente un mes después de lo divulgado aquí (“Un Gobierno corrupto hasta las patrullas”, Zócalo 14/02/23), el 15 de marzo, la “empresa” cambió de “dueño” y reemplazó a Jacqueline Garza Briones. Más interesante todavía: en su perfil profesional de LinkedIn, la red social que sirve para compartir experiencia laboral, ella manifiesta trabajar de “auxiliar administrativo” en Minerales Don Chilo, S.A. de C.V., compañía de Antonio Flores Guerra.

No obstante, pese a su exclusión, fue representante legal y socia de Servicios y Minerales Guel del 14 de septiembre de 2021 al 23 de marzo de 2023, periodo que abarca la consumación de los contratos controvertidos.

El otro “socio”, Edgar Alí Hernández Garza, por su parte, aparece registrado actualmente como empleado de Consorcio Oasis Minería y Transporte ante el IMSS, pero en su historial figura que su patrón anterior fue Minerales Don Chilo. Ambas empresas relacionadas con Antonio Flores.

¿Cómo se demuestra o anterior? Muy fácil: el accionista mayoritario de Consorcio Oasis, Gustavo Efrén Delgado Valdés, es socio además de Antonio Flores Guerra en AFG Ganadería y San Isidro Gasolineras.

Cortita y al pie

Mezclando gimnasia con magnesia para desviar la atención y demeritar los señalamientos, retando, tratando de demostrar una seguridad que no comprueban los documentos, la Presidenta Municipal de Morena en Múzquiz, Tania Flores, dijo en la transmisión de Facebook: “Las denuncias que quieran me van a hacer lo que el viento a Juárez. Nada. Pueden seguir denunciándome 10 veces. Las denuncias que quieran poner, no me preocupan en lo más mínimo. Que metan 20, 30 si quieren. Todas esas denuncias que me quieran meter en Anticorrupción me dan risa”.

Hasta que apareció el quitarrisas.

“Mi hermano se ríe (de la cuantía del negocio cuestionado, en donde aparece como beneficiario final a través de una red de prestanombres que mantienen una relación de subordinados con él). Factura mil 500 millones en contratos”.

Como si alguien le estuviese acusando de robo por necesidad.

La última y nos vamos

Por lo demás, no es un tema que se deba reducir a un pleito personal irreconciliable o se pueda encasillar en el ámbito de la política partidista como motivación. Es corrupción. Simple y llana. Sin adjetivos. Demostrada de principio a fin. Envuelta para regalo. Masticadita y en la boca para la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción.

¿Porque todavía existe, verdad?