Durante toda la semana, ocupados en preparar otras cosas de las cuales les platicaremos posteriormente, cuando llegó el momento de definir el tema de esta colaboración pues el “chip se encasquilló, “no había forma de cambiarlo, y la página continuaba en blanco. Ante ello, decidimos revisar el diario acontecer en donde encontramos un espectáculo muy desgastado que destrabó las ideas y nos fuimos al otro extremo cuando se materializaba la cuarta etapa del Estado Mexicano Moderno, la construcción del edificio institucional que lo albergaría. Las tres anteriores  comprendieron el diseño elaborado por el estadista Venustiano Carranza Garza; la limpieza del terreno ejecutada por el presidente Adolfo De La Huerta Marcor; y, la cimentación realizada por el presidente Álvaro Obregón Salido. Tocaba entonces al estadista Plutarco Elías Calles Campuzano concluir la obra. Eso lo realizaría entre 1925 y 1928. De ese periodo, escogimos tres tópicos que abordó en sus informes presidenciales. Sobre ellos comentaremos advirtiendo que en aquellos tiempos no existía la corrección política. Vayamos a los temas señalados en el encabezado.

Empezaremos por el asunto de la inmigración, mismo que el estadista Elías Calles abordó en su informe presidencial de 1925. El texto sabemos que usted, lector amable, no le causará incomodidad, pero seguramente si la provocara en el caso, poco probable de que  algún políticamente correcto se se asome aquí. Aquel primero de septiembre, el sonorense apuntaba que “a consecuencia de las condiciones mundiales creadas por la gran guerra europea, una poderosa corriente inmigratoria se ha dirigido hacia el continente americano, y en particular hacia los Estados Unidos de Norteamérica; pero a causa de las severísimas leyes de inmigración con que ese país se ha resguardado, la mayoría de los emigrantes no pueden penetrar en él por vías marítimas, y resuelven venir a México, no con ánimo de establecerse aportando su contingente de energías, sino para fijar aquí su base de operaciones, a fin de internarse en el país vecino del Norte, burlando sus leyes y consumiendo en el intento sus escasos recursos pecuniarios; de tal manera que, si fracasan en su empresa vienen a convertirse por su indigencia y por su poco respeto a las leyes, en una carga y en una amenaza para la sociedad. Importa, pues, defenderse de esa corriente inmigratoria, que sólo dificultades y perjuicios origina a la República.” Salvo lo de “severísimas leyes de inmigración…” cualquiera diría que fue redactado hoy por la mañana. Pero ahí no paraba.

Mencionaba que “por otra parte, el Ejecutivo estima igualmente necesario evitar, hasta donde sea posible, la inmigración de individuos que vienen a hacer una competencia ruinosa a nuestros trabajadores y a invadir todos los ramos de actividad, suplantando a nuestros nacionales, que tienen que abandonar el territorio y se dirigen a los Estados Unidos en busca de trabajo.” Dado que no andaba buscando quedar bien con nadie, don Plutarco enfatizaba que “la nación debe, igualmente, protegerse contra los inmigrantes que por su falta de recursos y de iniciativa, por la poca moralidad de sus costumbres o por su temperamento y educación, pueden constituirse en cargas para la sociedad, en peligro para las costumbres o son factores que, por inadaptables a nuestro medio, serán siempre un tropiezo para el desenvolvimiento general del país.” Para mostrar que aquello iba mas allá de las palabras daba a conocer que “se ha exigido que los inmigrantes  exhiban la suma de $200.00 cada uno, y los fondos necesarios para llegar al punto de su destino dentro del territorio nacional.”  Hoy, una medida de ese tipo le acarrearía todo tipo de críticas, pero el estadista consideraba primero a sus connacionales y después a los foráneos quienes eran bienvenidos siempre que vinieran a incorporarse como entes económicos a la nación. En ese contexto, también, se preocupaba por quienes salían del país hacia otras tierras.

Por ello, decía, “se ha procurado evitar que nuestros braceros sean víctimas de inicua explotación en suelo extranjero y, al efecto, se les da a conocer, por medio de las autoridades del lugar de su residencia y de la prensa los peligros a que se exponen si van a trabajar al extranjero sin la garantía de un contrato de trabajo debidamente formulado y sin llenar los requisitos exigidos por las leyes de migración del país a que se dirigen, y se han establecido dos agencias, radicadas en Torreón y en Saltillo, encargadas de instruir a nuestros nacionales emigrantes de todos los requisitos que deben cumplir para llegar sin tropiezo al lugar del extranjero donde desean trabajar, devolviendo al lugar de su residencia a los que no pueden llenar esos requisitos.” Vaya diferencia, recuerdan cuando, a principios de este siglo, el ignaro con botas, y aquel que salió más cómico que el sobrino, publicó un manual de como cruzar ilegalmente a los EUA. Hoy en dia, no importa como se hayan ido o lo que enfrenten al otro lado del Bravo, son de lo único que pueden presumir pues de no ser por sus remesas esto ya se hubiera venido abajo. Retornemos a  1925, cuando se dispuso que “los Ferrocarriles Nacionales no vendan a nuestros trabajadores boletos de pasaje más allá de las poblaciones indicadas, con lo que se evita que los emigrantes inútilmente hagan gastos para llegar a la frontera y desaparece el penoso espectáculo que anteriormente presentaban nuestras poblaciones fronterizas con la aglomeración de gente sin trabajo y sin recursos, viéndose el Gobierno frecuentemente obligado a hacer fuertes gastos para que muchos compatriotas regresaran al lugar de su procedencia.” En la ecuación del Estado Mexicano Moderno se incluía cumplir con la responsabilidad que se tenía con sus gobernados. Otros, sin embargo, se consideraban bendecidos y buscaban impedir que el edificio institucional se concretara.

A principios del siglo XX, el jesuita francés, Bernard Bergöend, recibió el encargo de armar las acciones para que la iglesia católica recuperara las canonjías que disfrutaba antes de 1857. Para 1925, en tándem con el arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco Jiménez, iba por el todo o nada para recuperar el monopolio.  Ante ello, el estadista Elías Calles, en su primer informe, dejó en claro que “todos los credos religiosos son igualmente respetables para el Gobierno, y a todos otorga por igual sus garantías. Pero al mismo tiempo exige de las personas que los profesan el estricto acatamiento a las leyes y el más amplio respeto a la tranquilidad y al orden públicos.” Como muestra de ello, “cuando los católicos, apostólicos mexicanos, arbitrariamente se apoderaron [en febrero de 1925] del templo de la Soledad, de esta capital, que tenía bajo su cuidado el Clero católico, apostólico, romano, para el ejercicio de su ministerio, atacando, de esta manera, la libertad de cultos y disponiendo de bienes pertenecientes a la nación, sin llenar los requisitos de ley, el Ejecutivo que tiene la obligación ineludible de hacer guardar las leyes y mantener el respeto a las instituciones, no pudo tolerar el atentado.” Aquí, el estadista siguió el consejo del presidente Obregón respecto a que si apoyaba a esos insurrectos iba a tener dos problemas en lugar de uno. Pero, a  la clerecía no le pareció la actitud del gobierno y “manifestó abiertamente su rebeldía a los mandamientos constitucionales y su menosprecio a la autoridad, excitando a los creyentes a tomarse justicia por su mano, provocando un motín, y expresó, por boca de alguno de sus miembros prominentes, que no reconocía la propiedad de la nación, representada por el Gobierno federal, sobre los templos, ni el derecho que la autoridad civil tiene para reglamentar el ejercicio de los actos del cultos público, el Ejecutivo federal, firmemente decidido a mantener a cualquier precio el imperio de la Constitución y el debido acatamiento a las autoridades, en uso de la facultad que le otorga el artículo 130 constitucional y de acuerdo con lo preceptuado en el 27 de la misma ley, retiró del culto el templo de la Soledad.”

“Poco después la Liga de Defensa Religiosa lanzó un manifiesto, [pleno de] expresiones violentas e irrespetuosas para la [Constitución] y para las autoridades legítimas, y sus autores demuestran…el propósito de constituir una agrupación religiosa, con programa de acción política y tendencias… subversivas. El artículo 130 de la [Constitución] prohíbe la existencia y funcionamiento de agrupaciones políticas de esa naturaleza, por lo que la Secretaría de Gobernación [solicitó a] los… gobernadores… que dictaran las medidas… para evitar que, dentro de [su] jurisdicción, se cometiera la infracción constitucional [referida]; y dos días después, la misma Secretaría [les]  giró una circular telegráfica…encareciéndoles que hicieran cumplir lo dispuesto [en el] artículo 130, que ordena que sólo los mexicanos por nacimiento pueden ejercer en la República el ministerio de cualquier culto, y que prohíbe que los ministros de los cultos hagan en reunión, pública o privada, constituida en junta, o en los actos de culto o de propaganda, crítica de las leyes fundamentales del país, de las autoridades en particular, o en general del Gobierno.” De los hechos pasaron a las obras y, el 28 de marzo, en Aguascalientes, “… en la casa cural y el templo de San Marcos, que debían de estar destinados exclusivamente al culto de la iglesia católica, fueron aprovechados para actos de propaganda política y para organizar manifestaciones religiosas contra las instituciones y las autoridades, hasta degenerar en el tumulto…” No  obstante esto, el presidente señalaba que  “cuando los miembros de una iglesia, de manera respetuosa y en forma legal, solicitan el auxilio de las autoridades para la defensa de sus derechos religiosos, sus solicitudes son atendidas; y así, por orden del propio Ejecutivo, fueron mandados entregar al obispo católico de Tabasco el templo parroquial y otra capilla que se encontraba en poder de elementos que se habían apoderado de ellos sin derecho; y se han girado órdenes para reintegrar al público católico romano otros templos que habían sido substraídos arbitrariamente de ese objeto.” Pero esto último no era suficiente, el objetivo de los clérigos era impedir la erección del Estado Mexicano Moderno y en ese propósito se empeñarían a partir de 1926.

En el informe presidencial de 1926, Elías Calles daba a conocer “…la situación creada por el clero que… desconocía la Constitución y las leyes emanadas de ella que reglamenten el ejercicio de cultos.” Buscaba minimizar aquello, pero todos sabemos que no lo era. Aduciendo que “el Ejecutivo,…de ninguna manera podía olvidar el deber de hacer cumplir las disposiciones que nuestras leyes contienen en materia de cultos, pero su labor a este respecto hubo de intensificarse y desarrollarse con mayor energía, ante las declaraciones hechas exabrupto, por algún ministro de culto con prominente jerarquía en la iglesia católica, quien en forma deliberada, rechazó, los preceptos constitucionales relacionados con el culto religioso y disciplina externa, llamando a toda la causa de sus adeptos y fieles, al desconocimiento y a la desobediencia de esos preceptos de carácter fundamental.” Aun cuando el gobierno no dejó pasar esto, “no se inició labor alguna de persecución a las creencias, como por elementos intencionados se ha dicho. El único punto de vista fue reprimir el acto antisocial, antijurídico, indebido, de un grupo que, azuzado por sus llamados jefes espirituales, abierta y públicamente iba al desconocimiento de las leyes bajo el pretexto de no amoldarse éstas a su extraño concepto de libertad, ni satisfacer sus particulares intereses en la forma y medida que pretenden.” Bajo el pretexto de que eso no se toleraría, se procedió a instrumentar una medida con la cual nunca estaremos de acuerdo.

Así como no aprobamos que la curia se inmiscuya en los asuntos que competen al gobierno, lo mismo hacemos valido a la inversa. Por ello, consideramos que se cometió un error cuando se propuso en la Ley orgánica del artículo 130 Constitucional que se fijara “el número máximo de ministros de cultos en el Distrito de Territorios federales.” Con ello, se le dio una herramienta para que los católicos se victimizaran. Y en este proceso, a la clerecía le cayó como anillo al dedo una serie de acciones realizadas por el gobierno. “Por violaciones al artículo 27 fueron clausurados 42 templos en todo el país, así como también las capillas en los asilos de Beneficencia Privada, que estaban abiertas al culto público sin haber cumplido los requisitos de la ley, suprimiéndose, además toda intervención de religiosos u órdenes religiosas en general en las instituciones de Beneficencia. Igualmente, fueron cerrados 63 conventos, ubicados 43 en el Distrito Federal y el resto en diferentes Estados de la República.” Pero ahí no paraban las medidas, también, “se obligó a los sacerdotes extranjeros a no ejercer el culto, habiendo abandonado el territorio nacional 185 de ellos, que fueron considerados como extranjeros perniciosos.” A la par, “fueron clausurados…siete centros de difusión religiosa, que se amparaban con las denominaciones de recreativas, culturales o de enseñanza social, por tener oratorios anexos, donde se verificaban, sin el permiso correspondiente, actos de culto.” Todo esto era la excusa perfecta para que, con la bendición de Pío XI, los arzobispos mexicanos, a principios de diciembre, dieran el banderazo para que los católicos fueran a matar a quienes no compartían su perspectiva religiosa. Estimaban que los católicos no saldrían muertos pues llevaban el escapulario en el cual se leía: “Detente bala, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo.” Vaya un ejemplo de amor al prójimo. 

Para 1927, con la reyerta religiosa en curso, se publicó lo del número máximo de sacerdotes por cada ciudad. Asimismo, a medida que  las autoridades gubernamentales solicitaban “los edificios que poseía el Clero, estos edificios se han ido dedicando a servicios públicos, de conformidad con la parte relativa del artículo 27 de la Constitución.” “Asimismo, mencionaba que “los sacerdotes y miembros de los cultos que han manifestado su voluntad de sujetarse a las leyes, se les ha permitido ejercer su ministerio. “En general, puede decirse que la agitación que con motivo de este asunto existía a fines del año pasado y principios del presente, ha cesado casi por completo…” Desafortunadamente, esto no era del todo cierto.

La reyerta continuaba. En su informe de 1928, el estadista de origen sonorense daba a a conocer que se han “seguido dictando las medidas… necesarias para lograr el exacto cumplimiento de [las] leyes. Dentro de las mismas y como los ministros de otras religiones distintas a la católica romana se han manifestado sumisos a ellas, se han concedido en el año de 1927 permisos para que se abran seis templos dedicados al culto protestante, y en el año de 1928 nueve permisos semejantes. Estos templos se han abierto en distintos Estados de la República.” Asimismo, “de conformidad con el artículo 1º. transitorio de la Ley Reglamentaria del Artículo 130 Constitucional, se han concedido permisos a sacerdotes extranjeros del culto protestante de nacionalidad norteamericana, para que ejerzan su ministerio en el país por el término de seis años, mientras preparan para tal ejercicio a ministros de nacionalidad mexicana, como lo dispone dicho artículo 1º. transitorio.” Hubo algo que no se hizo del conocimiento público. 

En abril de 1928, el estadista mexicano, a instancias del mejor  embajador estadounidense que hayamos tenido, Dwight W. Morrow, se reunió durante seis horas con el sacerdote paulista, John J. Burke.  Salieron con un proyecto de acuerdo para acabar con la reyerta. En mayo, se trajeron a la alta jerarquía católica y ya tenia todo listo para que aquello se terminara. Sin embargo, Pío XI, quien estaba embelesado negociando con el Duce italiano la creación del Estado Vaticano, consideró que en México aun no se llenaba la cuota de sangre y no aceptó la propuesta. En ese paquete estaba incluida la que aportaría el presiente electo Álvaro Obregón Salido quien, en julio, fue asesinado por un católico fanático, José De León Toral encargado de accionar la pistola bendecida por el sacerdote José Jiménez. Con ese acontecimiento ocupando el ambiente político llegó el cuarto informe de gobierno en 1928.

En ese contexto, el presidente enfatizó: “la desaparición del presidente electo ha sido una pérdida irreparable que deja al país en una situación particularmente difícil, por la total carencia no de hombres capaces o bien preparados, que afortunadamente los hay; pero sí de personalidades de indiscutible relieve, con el suficiente arraigo en la opinión pública y con la fuerza personal y política bastante para merecer por su solo nombre y su prestigio la confianza general. Esa desaparición plantea ante la conciencia nacional uno de los más grandes y vitales problemas, porque no es sólo de naturaleza política, sino de existencia misma. Hay que advertir, en efecto, que el vacío creado por la muerte del señor general Obregón intensifica necesidades y problemas de orden político y administrativo de que serenada, … por el triunfo la contienda político social, hubo, de iniciarse, desde la Administración anterior, el período propiamente gubernamental de la Revolución Mexicana, con la urgencia cada día mayor de acomodar derroteros y métodos políticos y de gobierno a la nueva etapa que hemos ya empezado a recorrer.”

“…Por primera vez en su historia se enfrenta México con una situación en la que…la falta de “caudillos”, debe permitirnos, va a permitirnos orientar definitivamente la política del país por rumbos de una verdadera vida institucional, procurando pasar, de una vez por todas, de la condición histórica de “país de un hombre” a la de “nación de instituciones y de leyes.” Lo que siguió fue la declaración de que aquel edificio en donde se albergaria el Estado Mexicano Moderno no podría sostenerse si en el no prevalecían las instituciones, leamos. 

“…Juzgo indispensable hacer preceder este breve análisis de una declaración firme, irrevocable, en la que empeñare mi honor ante el Congreso Nacional, ante el país y ante el concierto de los pueblos civilizados; pero debo, antes, decir que quizá en ninguna otra ocasión las circunstancias hayan colocado al jefe del Poder Ejecutivo en una atmósfera más propicia para que volviera a existir en nuestro país el continuismo a base de un hombre; que sugestiones y ofertas y aun presiones de cierto orden – envuelto todo en aspectos y en consideraciones de carácter patriótico y de beneficio nacional – se han ejercitado sobre mí, para lograr mi aquiescencia en la continuación de mi encargo, y que no únicamente mitos de moral, ni consideraciones de credo político personal, sino la necesidad que creemos definida y categórica, de pasar de un sistema más o menos velado, de “gobiernos de caudillos” a un más franco “régimen de instituciones”, me han decidido a declarar solemnemente y con tal claridad que mis palabras no se presten a suspicacias o interpretaciones que no sólo no buscaré la prolongación de mi mandato aceptando una prórroga o una designación como presidente provisional, sino que ni en el período que siga al interinato, ni en ninguna otra ocasión, aspiraré a la Presidencia de mí país; añadiendo, aun con riesgo de hacer inútilmente enfática esta declaración solemne, que no se limitará mi conducta a aspiración o deseo sincero de mi parte, sino que se traducirá en un hecho positivo e inmutable; en que nunca y por ninguna consideración y en ninguna circunstancia volverá el actual presidente de la República Mexicana a ocupar esa posición.” Como accionado por un resorte, el primero en aplaudir fue el embajador Morrow lo cual motivó que su  vecino de butaca le pidiera mesura. 

Sin renunciar a sus obligaciones como ciudadano, Elías Calles apuntaba que se finiquitaba “de modo definitivo y total, la posibilidad, por consentimiento o aceptación de supuestos deberes patrióticos o por debilidad, error o ambición nuestra, eliminada la posibilidad actual inmediata de que México continúe su vida tradicional política de país a base de hombres necesarios…No necesito recordar cómo estorbaron los caudillos, no de modo deliberado quizás, a las veces, pero sí de manera lógica y natural siempre, la aparición y la formación y el desarrollo de otros prestigios nacionales de fuerzas, a los que pudieran ocurrir en sus crisis internas o exteriores, y cómo imposibilitaron o retrasaron, aun contra la voluntad propia de los caudillos, en ocasiones, pero siempre del mismo modo natural y lógico, el desarrollo pacífico evolutivo de México, como país institucional, en el que los hombres no fueran, como no debemos ser, sino meros accidentes sin importancia real, al lado de la serenidad perpetua y augusta de las instituciones y las leyes.” Este párrafo ultimo para leerse, siempre, en tiempo presente. Aquellos tiempos en que el informe presidencial era para comunicar asuntos importantes. [email protected]

Añadido (22.33.127) Este miércoles 7, celebrarías 97 años. Continuas presente don Rafael Villarreal Martínez.

Añadido (22.33.128) ¿La visita de la semana próxima será motivada por la información que acá se oculta, pero que allá se publica?

Añadido (22.33.129) Eso de la vicepresidenta argentina, como dirían los antiguos, “huele a azufre.”

Añadido (22.33.130) Después del discurso del jueves, ya no queda duda de que, durante la última visita, su huésped lo infectó con el virus del odio y el divisionismo. Desafortunadamente, para combatir ese mal no hay vacuna.

Añadido (22.33.131) Será el sereno, pero solamente hemos escuchado opiniones positivas provenientes de aquellos con quienes  hemos comentado acerca de una posible candidatura presidencial de Beatriz Paredes Rangel. Desconocemos hasta donde le alcance, pero…