México, DF.- Cuando el narcotráfico penetró las áreas más sensibles de la Procuraduría General de la República (PGR) a principios de año, el procurador Eduardo Medina Mora supo que la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) informó al titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) sobre esos hechos, pero no se hizo nada para frenar la corrupción.

Y sólo ahora que las confrontaciones sobre los presuntos vínculos de altos funcionarios de la SIEDO y de agentes de la AFI y la SSP con la célula de los hermanos Beltrán Leyva y con el cártel de Sinaloa alcanzaron niveles de escándalo, el Gobierno federal puso en marcha la Operación Limpieza. Su propósito, según el procurador Eduardo Medina Mora, es “sanear” a la PGR.

Entrevistas con fuentes de la PGR y de la SSP, que exigieron el anonimato para aportar información, permiten reconstruir estos episodios: En marzo de este año, Noé Ramírez Mandujano, entonces titular de la SIEDO, fue alertado por la DEA de que su oficina había sido infiltrada por la mafia de los hermanos Arturo y Héctor Beltrán Leyva.

“Hay gente tuya trabajando para el narcotráfico. Tu oficina ya se convirtió en una extensión al servicio de los Beltrán”, le dijeron los agentes de la DEA; incluso le proporcionaron los nombres de los funcionarios implicados. La lista incluía a coordinadores, directores de área y agentes ministeriales que formaban parte de su equipo de confianza. Primera llamada Ramírez Mandujano, quien el 3 de enero de 2007 sustituyó en la SIEDO a José Luis Santiago Vasconcelos, su mentor, tomó nota y, preocupado por la información, decidió tratar el tema en privado con Miguel Colorado González, entonces coordinador técnico de la misma subprocuraduría. Luego de una larga charla, Ramírez Mandujano ordenó que agentes bajo el mando de Colorado realizaran un monitoreo y un seguimiento minucioso al personal militar adscrito a la SIEDO.

El coordinador técnico –a la postre implicado en la red criminal de los Beltrán– cumplió la instrucción de Ramírez Mandujano, no sin incurrir en tropiezos y fallas circunstanciales o deliberadas. El primero que comenzó a ser vigilado fue el capitán Fernando Rivera Hernández, director adjunto de la coordinación técnica de la SIEDO. Grabaron sus entrevistas, conversaciones y reuniones los agentes de Colorado González.

Por los informes de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), Noé Ramírez sabía que el capitán tenía relaciones con Sergio Barragán Villarreal, “El Grande”, ex miembro de los cárteles del Golfo y de Sinaloa y actualmente pieza del nuevo corporativo criminal encabezado por los Beltrán Leyva.

La misma suerte corrieron los comandantes

Roberto García y Milton Celia Pérez. Ramírez Mandujano y el procurador Medina sabían que ambos sostenían reuniones con representantes del cártel (de los Beltrán Leyva) en Cuernavaca, Morelos, uno de los territorios en los que opera este capo. Los encargados de seguir los pasos del capitán Fernando Rivera fueron los agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) Antonio Mejía Robles, Jorge Alberto Zavala, Francisco Javier Jiménez, Luis Manuel Tovar, Samuel Cruz Sánchez y Ricardo Córdoba, todos adscritos a la coordinación técnica de la SIEDO. “El monitoreo y seguimiento” contra los tres altos mandos de la subprocuraduría duró 15 días y se instrumentó a raíz de que la DEA reveló a Ramírez Mandujano que su oficina estaba saturada de “ojos, oídos y manos” del clan Beltrán Leyva.

Pero esa operación, que era “secreta”, derivó en un escándalo en el interior de la subprocuraduría y estuvo a punto de desencadenar un agarrón a golpes entre los funcionarios acusados de estar en la nómina de los Beltrán Leyva.

Según una fuente consultada por este reportero, Fernando Rivera y sus presuntos cómplices se enteraron de que eran vigilados y acudieron a la oficina de Colorado a reclamarle su proceder. Con el rostro endurecido, le lanzaron una andanada de insultos. “Son chingaderas, ingeniero, que mandes agentes a seguirnos –le dijeron, según la fuente consultada–. No te metas con nosotros porque vas a terminar mal, cabrón”.

El enfrentamiento fue presenciado por buena parte de los peritos que en ese momento laboraban en sus cubículos aledaños a la oficina de Colorado. La intervención de Octavio Tapia, director del área técnica de la SIEDO, evitó que se desataran los golpes.

Calmados los ánimos, Colorado González pidió hablar con Ramírez

Mandujano, a quien contó los detalles del desaguisado. Tras escucharlo, el entonces titular de la SIEDO le ordenó a su interlocutor continuar con los seguimientos, pero le sugirió: “Que se haga con mayor discreción” y con menos personal.

El testigo ‘Felipe’

La información proporcionada a Ramírez Mandujano por la DEA no era una invención.

Meses atrás, los agentes antidrogas de Estados Unidos habían arraigado a Alberto Pérez Guerrero, conocido en el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/241/2008 como Felipe, el testigo protegido estelar de la PGR que con sus testimonios desnudó la corrupción en la SIEDO y en la SSP, a cargo de García Luna.

Al rendir sus primeras declaraciones en la sede de la delegación mexicana de Washington, Felipe señaló, entre otras personas, a Mario

Arturo Velarde Martínez como un enlace entre la AFI y el cártel de los hermanos Beltrán Leyva. En el sexenio de Vicente Fox, Velarde fungió como secretario particular de García Luna, entonces titular de la AFI.

El testigo también implicó en la red de funcionarios al servicio de los Beltrán a Ricardo Gutiérrez, ex director de Interpol y a su sucesor, Rodolfo de la Guardia. Ambos fueron arraigados por la PGR el martes 18. Según él, los dos señalados tenían amistad con José Antonio Cueto, un personero de los Beltrán encargado del reclutamiento de funcionarios y de infiltrarse en instituciones responsables de combatir el narcotráfico. Según las declaraciones de Felipe, le “vendían” información a Cueto.

Todos los funcionarios y agentes señalados por Felipe están arraigados, al igual que 35 agentes del Ministerio Público federal que trabajaban simultáneamente para la SIEDO y para los Beltrán Leyva. Sólo Velarde Martínez, el secretario particular de García Luna cuando éste estuvo al frente de la AFI, sigue libre a pesar de los contundentes señalamientos en su contra. En la propia PGR incluso le dan “un trato decoroso”. La prueba es que, “cuando ha sido citado a declarar tarda cuatro horas en la SIEDO, a lo mucho, y se va muy campante a su casa”, relata una fuente confidencial que pidió a este reportero el anonimato.

El testigo Felipe, quien fue agente de la PGR y fungió como comisionado de la Interpol en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también implicó en la red criminal de Los Beltrán –y del cártel de Sinaloa– al capitán Fernando Rivera y al propio Miguel Colorado, el hombre de confianza de Noé Ramírez.

Las detenciones

El 3 de agosto, cinco meses después de que la DEA informó a Noé Ramírez que sus colaboradores trabajaban para el narcotráfico, se desplegó un aparatoso operativo: elementos del Ejército encabezados por Ignacio Peralta Ortega, funcionario del área judicial de la PGR, rodearon las instalaciones de la PGR ubicadas en Reforma 75. Peralta Ortega le pidió a Ramírez Mandujano concentrar a su personal policiaco. “Sin excepción alguna”, le dijo. La petición se cumplió: los agentes de la Coordinación Técnica (a cargo de Miguel Colorado), así como los de la Dirección de Informática e Inteligencia de la SIEDO (manejada por Fernando Rivera), acataron la orden.

Luego, Peralta le explicó a Ramírez Mandujano lo que éste ya sabía desde marzo, cuando la DEA le habló sobre la infiltración del narcotráfico en la SIEDO: que Fernando Rivera, Roberto García y el comandante Milton Cilia Pérez proporcionaban protección al cártel de Sinaloa; que la DEA tenía un testigo protegido (Felipe) que estaba señalando al personal de la subprocuraduría. Asimismo, le dijo a Ramírez Mandujano que el capitán Rivera y sus cómplices iban a ser trasladados al centro de mando de la Policía Federal Preventiva (PFP) en Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México.

Días después de ser incriminados por el testigo Felipe, Rivera, Cilia y García se incorporaron al programa de testigos protegidos y 90 días después implicaron en la red de protección al cártel de Sinaloa al propio Ramírez Mandujano, quien renunció al cargo y voluntariamente se presentó a la PGR a rendir su declaración. En la investigación se hallaron elementos que permitieron retenerlo en la SIEDO y, posteriormente, arraigarlo.

Los ‘comprobados’

El 5 de agosto último, ya como parte de la llamada Operación Limpieza anunciada por el procurador Eduardo Medina Mora, elementos del Ejército realizaron otro operativo en la SIEDO.

Con base en las imputaciones del testigo Felipe, fueron detenidos Miguel Colorado, Alberto Zavala Segovia, Luis Manuel Aguilar Flores y Antonio Mejía Robles. Los tres últimos son los afis que integraban el equipo que, por instrucciones de Ramírez Mandujano y Colorado, dieron “seguimiento” al capitán Fernando Rivera y a sus cómplices en marzo pasado.

El ‘intocable’

Sólo Mario Arturo Velarde Martínez, el secretario particular de García Luna cuando éste estuvo al frente de la AFI, sigue libre a pesar de los contundentes señalamientos en su contra. En la propia PGR incluso le dan “un trato decoroso”. La prueba es que, “cuando ha sido citado a declarar tarda cuatro horas en la SIEDO, a lo mucho, y se va muy campante a su casa”, relata una fuente confidencial.