Los mexicanos consumen, en promedio, 467 libras de alimentos ultraprocesados al año, la cifra más alta de América Latina, según la Organización Panamericana de la Salud. Paralelamente, estudios científicos estiman que una dieta rica en estos productos incrementa el riesgo de muerte prematura y favorece enfermedades como diabetes, hipertensión y padecimientos cardiovasculares. No es una coincidencia: es el resultado de un modelo alimentario que privilegia la conveniencia sobre la nutrición

La expansión de los alimentos ultraprocesados transformó la economía mundial de los alimentos. Refrescos, botanas, galletas, pan industrial, embutidos, comida rápida y productos listos para consumir ofrecen una ventaja difícil de igualar: larga vida en anaquel, bajos costos logísticos y elevados márgenes de rentabilidad. Para la industria representan eficiencia; para la salud pública, un desafío creciente.

Una investigación publicada este año concluyó que cada aumento de 10% en la proporción de calorías provenientes de ultraprocesados incrementa alrededor de 3% el riesgo de muerte prematura, mientras otro seguimiento de más de medio millón de personas encontró una reducción superior a 10% en la expectativa de vida entre quienes mantienen dietas dominadas por estos productos. No existe evidencia científica sólida que respalde una disminución de 20% de la esperanza de vida; esa cifra exagera lo que hoy demuestra la literatura.

La paradoja es aún más profunda. Mientras México desperdicia alrededor de 20 millones de toneladas de alimentos al año, equivalentes a más de un tercio de su producción disponible para consumo humano, millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria. Productores de piña en Veracruz dejan perder cosechas porque el mercado paga 4 pesos por una fruta cuyo costo de producción alcanza los 8 pesos. Al mismo tiempo, la dieta cotidiana se llena de calorías baratas y pobres en nutrientes. El problema ya no es únicamente producir alimentos, sino distribuirlos y consumirlos con inteligencia.

También sería simplista responsabilizar exclusivamente a la industria. La urbanización, las jornadas laborales extensas, el precio de los alimentos frescos, la falta de educación nutricional y los hábitos familiares influyen en las decisiones de compra. Demonizar todos los alimentos procesados tampoco ayuda; muchos productos mínimamente procesados, como leche pasteurizada o verduras congeladas, forman parte de una alimentación saludable.

La verdadera discusión no consiste en prohibir los alimentos ultraprocesados, sino en corregir las distorsiones de un sistema alimentario que ha dejado de premiar el valor nutricional y ha privilegiado la rentabilidad. La evidencia de la FAO y del Banco Mundial muestra que México desperdicia más de un tercio de los alimentos que produce, mientras millones de personas no consumen las porciones recomendadas de frutas y verduras.

Esa contradicción revela un mercado que facilita el acceso a productos de larga duración y alta rentabilidad, pero dificulta que los alimentos frescos lleguen de manera suficiente, accesible y a precios competitivos al consumidor. No es casualidad que un refresco o una bolsa de frituras estén disponibles prácticamente en cualquier esquina, mientras frutas y hortalizas frescas suelen ser más costosas, perecederas y menos accesibles en muchas comunidades.

Corregir este desequilibrio exige mucho más que campañas de salud. Requiere políticas públicas que reduzcan las pérdidas en la cadena agroalimentaria, incentivos para comercializar alimentos frescos, educación nutricional desde la infancia y una industria que asuma mayor responsabilidad en la reformulación de sus productos.

Alimentar mejor a la población no es únicamente una meta sanitaria; es una estrategia económica para reducir el gasto en enfermedades crónicas, elevar la productividad laboral y fortalecer la seguridad alimentaria del país. La pregunta ya no es si debemos cambiar nuestra forma de comer, sino cuánto tiempo más podemos sostener un modelo que desperdicia alimentos nutritivos mientras multiplica el consumo de productos que, de acuerdo con la evidencia científica, deterioran la salud de millones de personas.