Brasil.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva vetó esta mañana de este jueves el proyecto de ley que promovía la reducción de penas tanto para el expresidente Jair Bolsonaro como para los condenados por participar en el asalto a los poderes del gobierno del 8 de enero de 2023.

Aprobada por el Congreso de Brasil en diciembre pasado, la propuesta también beneficiaba a quienes participaron en la elaboración de un plan de golpe para sacar a Lula del poder y mantener al expresidente Jair Bolsonaro en la Presidencia.

Simbólicamente, el veto fue firmado durante una ceremonia organizada por el gobierno de Lula para conmemorar el tercer aniversario del 8 de enero, cuando manifestantes irrumpieron y vandalizaron los edificios de los Tres Poderes del Gobierno en Brasilia, exigiendo la intervención federal.

El evento, que tuvo como objetivo “reforzar los valores de la democracia”, se produce en un momento en que políticos de derecha del país abogan por la reducción de las penas.

Con más de 800 condenas por parte del Supremo Tribunal Federal, la corte suprema brasileña, los juicios relacionados con el intento de golpe también resultaron en el encarcelamiento de Bolsonaro, considerado el mayor nombre de la derecha brasileña, y de generales de las Fuerzas Armadas.

En la legislatura, el tema generó debate durante todo 2025 entre los partidarios del gobierno y la oposición. Lula había declarado públicamente su intención de bloquear la propuesta. Ahora, el veto de Lula pasa al Congreso Nacional para su análisis.

El Proyecto de Ley de Sentencias modificaba las normas de la Ley de Ejecución Penal y prevé cambios en el cálculo de las sentencias. En la práctica, el texto cambia la forma en que se suman las sentencias cuando un acusado es condenado por más de un delito cometido en el mismo contexto, prohibiendo este tipo de cálculo.

Por lo tanto, cuando, por ejemplo, se cometen conjuntamente los delitos de intento de derrocamiento del Estado democrático de derecho y de golpe de Estado, se aplica sólo la pena más severa, y no la suma de las dos.

Además, el proyecto de ley también prevé la pena de prisión más corta posible para la progresión a un régimen menos restrictivo en delitos contra el Estado Democrático de Derecho, independientemente de que el acusado sea reincidente o de que se haya empleado violencia o amenazas graves.