El 11 de octubre de 2021 se constituyó la asociación civil “Que siga la democracia” en la Notaría 124 de Saltillo cuyo titular es Jean Paul Huber Olea y Contró. Ahí comenzó la historia.

Ya con el documento certificado, horas después –pero del día 12– se registró en la Ciudad de México como promovente ante el Instituto Nacional Electoral a fin de participar en lo que mañosamente autodenominó “la ratificación” de mandato del Presidente de la República (que no revocación, el término legal).

Luego de múltiples irregularidades cometidas por la AC que preside Gabriela Jiménez Godoy (quien ha sido candidata a diputada local y federal sin éxito por el PRD, PAN, MC y recientemente por Morena), esta semana la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó multarles, y dar aviso del expediente a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que investigue, por presentar en apoyo a la referida consulta 14 mil 557 firmas de personas fallecidas.

Sí, otro de los vicios del sistema electoral mexicano que se creían extintos y renacieron a partir de 2018 con la irrupción de Morena en el poder: los muertos que votan. O en este caso, que manifiestan su voluntad.

“Quienes formaron parte de esta asociación tuvieron acceso a fotocopias de credenciales de personas fallecidas, y vaciaron los datos contenidos en el padrón electoral para simular un apoyo, es decir, hicieron un uso ilegal de datos registrales, lo cual está contemplado en nuestra legislación como un delito”, explicó el consejero Ciro Murayama.

En este mismo espacio se ha publicado antes que, en Hidalgo y Campeche, los años 2022 y 2021 respectivamente, se denunció “turismo electoral” para favorecer a Morena durante los comicios de Gobernador que ganó el partido en ambas entidades. En Coahuila, por su parte, una cifra inusual de 46 mil 940 nuevos empadronamientos ha sido detectada merced a un ejercicio realizado por quien esto escribe tomando como puntos de referencia el 10 de abril del año pasado (fecha de la desairada revocación de mandato que significó el inicio de los actos anticipados de campaña de Morena) y el 9 de diciembre (días antes a la designación de su candidato a Gobernador).

Ahora bien, desde su creación el 11 de octubre de 2021, “Que siga la democracia” tenía un objetivo: ser un instrumento para cuestionar al árbitro y modificar al contentillo la Ley Federal de Revocación de Mandato (la cual había entrado en vigor apenas un mes atrás, el 14 de septiembre), al pretextar que la recolección de firmas (estimada del 1 de noviembre al 15 de diciembre) no podría realizarse conforme a los lineamientos establecidos, o sea de manera digital, sino que por fallas en el internet debería ser ésta por medios físicos (lo cual suponía una dificultad artificial y carga extra de trabajo para el INE).

En sintonía con esa estrategia ‘ciudadana’, Morena impugnó lo mismo y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó entonces los formatos en papel. Se salieron con la suya. Por si fuera poco las asociaciones civiles no son sujetos fiscalizables por el INE, de tal suerte que su integración con miras a una eventual participación elude la normativa.

La organización encabezada por Gabriela Jiménez Godoy aseguró desde su origen a través de un comunicado estar integrada por ciudadanos apartidistas y sin cargo público, no obstante fue la única de las 15 admitidas por el INE como promovente que designó coordinadores en las cinco circunscripciones electorales del país y en los estados, como si se tratara de un partido político. Todos vinculados a Morena. Así, entre sus integrantes destacan el hijo del Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, como representante en aquella entidad, o los padres de las gobernadoras de Colima, Indira Vizcaíno, y Guerrero, Evelyn Salgado, cumpliendo la misma función en dichos territorios. En Coahuila dicha posición fue ocupada por Alma Rosa del Toro Garza, hermana de Claudia, la delegada de Bienestar.

De acuerdo con información del periodista Zedryk Raziel publicada en Animal Político, el esposo de Jiménez Godoy, Edgar Francisco Garza Ancira, fue quien registró el nombre “Que siga la democracia” el 23 de noviembre de 2021 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con domicilio fiscal en una de sus empresas en la Ciudad de México.

Garza Ancira, originario de Oaxaca, es socio de 10 razones sociales constituidas entre su estado natal, Querétaro, Aguascalientes y CDMX –las últimas tres entre 2018 y 2021– cuya especialidad es la “vinculación estratégica” de negocios.

Al respecto el INE fiscalizó en marzo de 2022 que la publicidad relacionada con la consulta de revocación de mandato mediante 535 anuncios identificados en 17 estados, 278 de los cuales fueron espectaculares en vía pública, costó al menos 4 millones 754 mil pesos. Por su parte “Que siga la democracia” rechazó haberlos pagado pese a que hubo evidencia en imágenes de su nombre y dirección web en estos.

Y a la fecha su financiamiento no ha sido tomado en cuenta por la Unidad de Inteligencia Financiera sin importar que, desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 7 de enero de 2022 se exhortara a investigar sus operaciones financieras y económicas.

No es un tema menor. Como parte del procedimiento especial sancionador 39/2022 de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, “Que siga la democracia” manifestó que ciudadanos y empresarios, “de manera individual y voluntaria”, aportaron recursos propios para la difusión de la consulta. Sin embargo, como documentó Zedryk Raziel, la asociación civil en esas fechas no había obtenido aún autorización de Hacienda para recibir donaciones, de acuerdo con registros del SAT revisados.

Cortita y al pie

Luego está Jean Paul Huber Olea Contró, quien, como se recordará, es hermano de Francisco José, magistrado que sentenció en 2019 al académico Sergio Aguayo a pagar 10 millones de pesos por un presunto daño moral a Humberto Moreira, originado en publicaciones periodísticas.

Y aquí viene lo interesante: el hermano de Humberto, Rubén, otorgó la patente de aspirante a notario a Jean Paul, originario del Distrito Federal y sin experiencia laboral en la entidad, seis días antes de concluir su mandato como Gobernador, el 24 de noviembre de 2017. Luego, el 28 de noviembre del mismo año, 48 horas antes de concluir el sexenio, se creó la Notaría 124 expresamente para él con su publicación en el Periódico Oficial, sede en la capital del estado y domicilio en la colonia San Patricio.

Cualquier fedatario público podría decir en su defensa que sólo se limitan a dar fe de hechos, los cuales a la postre se convierten en actos jurídicos, y que por tanto no son fiscalías para investigar ni auditorías para fiscalizar lo que hacen sus clientes.

Por lo demás, ¿qué hacía un notario desde Saltillo validando la AC relacionada con Morena que hizo firmar a 14 mil 557 muertos?

La última y nos vamos

Una más. El pasado viernes el Consejo General del INE sancionó con 4 millones 951 mil 758 pesos a Morena en Coahuila por presentar informes incorrectos para la fiscalización de su precampaña que terminó el 12 de febrero, así como ingresos y egresos no comprobados. Se trata, pues, de un asunto técnico, no de apreciación que se preste a la grilla. Con ello acaparó el 89% del total en multas a partidos políticos en el estado.
El desprecio por la legalidad es patente.