Washington.- Más de veinte estados de Estados Unidos presentaron una demanda judicial contra los nuevos aranceles decretados por el presidente Donald Trump, luego de que la Supreme Court of the United States declarara ilegales los impuestos comerciales aplicados previamente por su gobierno.

La acción legal fue promovida por fiscales generales y gobernadores demócratas, quienes sostienen que el mandatario excede sus facultades al imponer gravámenes de hasta 15% a importaciones de gran parte del mundo utilizando una disposición poco utilizada de la legislación comercial estadounidense.

La demanda está encabezada por las fiscalías de Oregon, Arizona, California y New York, y será analizada por la United States Court of International Trade, con sede en Nueva York.

Los demandantes argumentan que el gobierno federal no puede recurrir a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer impuestos generalizados a las importaciones, ya que esa norma fue concebida para circunstancias económicas específicas y temporales. Además, advierten que los nuevos gravámenes elevarán los costos para empresas, gobiernos estatales y consumidores.

“El enfoque en este momento debería estar en devolverle el dinero a la gente, no en doblar las apuestas con aranceles ilegales”, declaró el fiscal general de Oregon, Dan Rayfield.

La nueva ofensiva legal surge después de que tribunales federales invalidaran los aranceles anteriores que el gobierno había impuesto bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Cuatro días después de ese fallo, el presidente recurrió a la Sección 122 para establecer gravámenes del 10%, que ahora el gobierno busca elevar al límite legal de 15%.

Desde la The White House, el portavoz Kush Desai defendió la decisión presidencial y afirmó que el mandatario actúa dentro de las atribuciones otorgadas por el Congreso para enfrentar problemas en los pagos internacionales y los déficits comerciales del país.

Los estados demandantes, sin embargo, sostienen que esa interpretación distorsiona el propósito original de la ley, creada en el contexto de las crisis monetarias de las décadas de 1960 y 1970, cuando el dólar estadounidense estaba vinculado al oro.

En paralelo, un juez federal determinó que empresas que pagaron aranceles bajo el esquema previo de Trump deberán recibir reembolsos, lo que ha intensificado la presión legal y política sobre la estrategia comercial del gobierno.

Analistas jurídicos consideran que el litigio podría convertirse en otra batalla clave sobre los límites del poder presidencial en materia comercial, especialmente en un momento en que la política arancelaria vuelve a colocarse en el centro del debate económico en Estados Unidos.