Sin alternancia en Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz, hoy los exgobernadores César Duarte, Roberto Borge y Javier Duarte serían diputados o senadores; y si no, disfrutarían de sus fortunas espurias sin preocuparse. El cambio de partido en el poder, sin embargo, no garantiza justicia en todos los casos.

A diferencia de Javier Corral, Carlos Joaquín González y Miguel Ángel Yunes, José Rosas Aispuro traicionó la confianza de los duranguenses al hacer la vista gorda con las trapacerías de Jorge Herrera Caldera, de quien, en otro tiempo, fue correligionario en el PRI.

En el caso de Chihuahua, al tesón de Corral se sumó el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr la detención de César Duarte en Estados Unidos; el siguiente paso será su extradición.

Peña Nieto, y su alter-ego Luis Videgaray, encubrieron al exgobernador –en Coahuila lo hicieron con Humberto y Rubén Moreira–, protegido por otra mancuerna corrupta: la formada por el exlíder del PRI Manlio Fabio Beltrones y el bróker Emilio Gamboa Patrón.

Con dinero del erario, la Operación Safíro financió campañas de candidatos priistas a diferentes gobiernos. Resulta ingenuo pensar que el trasiego de caudales no haya engrosado sus propias haciendas.

Coahuila estuvo a un paso de la alternancia en 2017. Menos de 40 mil votos y la complicidad del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impidieron que los Moreira fueran puestos en la picota –de la cual no se han salvado– y eventualmente procesados igual que Borge y los Duarte.

Un gobernador rodeado de moreiristas, como Riquelme, quien propuso pasar página al tema de la deuda, está maniatado. Pero aún así puede ordenar a la Fiscalía General del Estado investigar las denuncias de la Auditoría Superior del Estado por una parte de los créditos desviados y de las empresas fantasma.

El repudio al moreirato y al resultado de los comicios de 2017 lo expresaron más de 50 mil personas en la Marcha por la Dignidad del 6 de junio de ese año. La alternancia la frustraron también los candidatos con menores posibilidades de ganar a un PRI castigado en las urnas por la corrupción, el nepotismo, la frivolidad y los excesos del clan. La ciudadanía cumplió; quienes fallaron fueron las oposiciones.

Dos agentes que denunciaron la megadeuda, hoy, como militantes de Morena, han optado por el silencio en vez de exigir justicia: el senador Armando Guadiana y el diputado federal Luis Fernando Salazar.

“(Con la detención de César Duarte) hemos demostrado que mientras la memoria no se rinda y la voluntad política no se quiebre, la justicia llega”, declaró el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral. En Coahuila existe una especie de amnesia con respecto a la deuda irregular por 38 mil millones de pesos que colapsó las finanzas públicas y llenó los bolsillos, no solo de funcionarios inescrupulosos, sino también de contratistas todólogos y de empresarios mediáticos. Tampoco existe voluntad de las autoridades ni de los partidos para demandar a los Moreira e incautar cuentas, propiedades y negocios adquiridos con dinero de los coahuilenses.

El agravio puede olvidarse u ocultarse, mas no sus consecuencias. Destinar el 8% del Presupuesto de este año al servicio de la deuda (la mayor cantidad aplicada al pago en parte para pagar intereses) mientras faltan recursos para afrontar la pandemia, es un insulto.

Para más inri, en el Gobierno de Rubén Moreira el estado se convirtió en campeón en empresas fantasma (Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte). Mientras los chihuahuenses celebran la detención de un Gobernador ladrón: César Duarte, en Coahuila preferimos seguir la táctica del avestruz.