Washington DC.- Hernán Geovani Ojeda Elenes, ciudadano mexicano bajo custodia de las autoridades estadunidenses, se declaró culpable este jueves por producción e importación de fentanilo, así como distribución de drogas y sustancias controladas, para el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Ojeda Elenes, de 48 años, se encargaba de la producción de “enormes cantidades de fentanilo” en laboratorios clandestinos utilizando la mayoría de las veces precursores químicos que obtenía directamente desde China.

El originario de Culiacán, Sinaloa, uno de los bastiones del Cártel de Sinaloa, produjo varias toneladas de fentanilo al menos entre 2019 y 2024 en colaboración con su padre, Hernán Domingo Ojeda López, y otras personas, quienes también se encuentran acusadas dentro de la misma causa penal.

“ Ojeda Elenes admitió que obtuvo grandes cantidades de precursores químicos de fentanilo como el 4-Piperidona y el N-Fenilpiperidina-4-amina, al comprarlos de compañías chinas y enviándolas a sus laboratorios en México. Ojeda Elene usó esos químicos para producir fentanilo el cuál él y otros subsecuentemente importaron a los Estados Unidos para su distribución y venta”, señaló el gobierno estadunidense.

La declaración de culpabilidad fue aceptada por la jueza del Tribunal de Distrito, Ana C. Reyes, aunque hasta el momento no se ha establecido una fecha para la sentencia. Ojeda enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.

El Departamento de Justicia informó que la DEA y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) mantienen las investigaciones sobre el caso.

Además, señaló que la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia colaboró en el traslado de Ojeda Elenes de México a Estados Unidos en enero de 2026, al tiempo que agradeció al gobierno mexicano por su cooperación.

El caso está a cargo de los fiscales Erik Cervantes y Kirk Handrich, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de la División Penal del Departamento de Justicia.

Las autoridades estadunidenses indicaron que el proceso forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), establecido mediante la Orden Ejecutiva 14159 para combatir a cárteles, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas que operan en Estados Unidos y otros países.