En las últimas semanas se ha desatado un debate, muy interesante, sobre la recopilación de datos biométricos a quienes tengan una línea de celular. Y es que, con la aprobación en el Senado de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, será necesario crear el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, con el argumento de combatir las estafas, la extorsión, el secuestro y el robo de identidad.

No es para menos si consideramos la información que ha proporcionado el Banco de México, en la cual se afirma que nuestro país está ubicado en el octavo lugar a nivel mundial en lo referente al robo de identidad, donde 67% se presenta por extravío de documentos, 63% en lo que se refiere a hurto de carteras, y casi 53% a información extraída ilegalmente a tarjetas bancarias.

Con el padrón se lograría tener toda la información biométrica de quienes tengan a su nombre una línea de telefonía celular, siendo esta información, desde huellas dactilares, tono de voz, la retina, el iris y reconocimiento facial. Cabe hacer mención que muchas instituciones financieras en México recopilan estos datos cuando deseas contratar alguna cuenta. La autoridad ha manifestado que con esta información se podrá localizar, rastrear y detener de una manera más rápida y eficiente a los delincuentes.

Pero es importante señalar que actualmente solo 17 países en el mundo solicitan los datos biométricos, siendo estos: Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Benin, China, Emiratos Árabes Unidos, Mozambique, Nigeria, Omán, Pakistán, Perú, Singapur, Tailandia, Tanzania, Tayikistán, Uganda y Venezuela. Pareciera, con mucho respeto, que no es un grupo de naciones que cuenten con grandes libertades, con grandes estándares de vida, con alto grado de confianza en sus instituciones. Incluso Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) ha señalado que con esta acción, México vuelve a colocarse “en una lista de países autoritarios que exige a los ciudadanos sus datos biométricos para acceder a una línea telefónica móvil”.

Pareciera que el problema radica en dos temas fundamentales: primero la falta de confianza hacia el Gobierno y sus “instituciones” que combaten la inseguridad. Y para muestra el Twitter que publicó Human Rights Watch, el cual dice “La última vez que se creó un padrón así en México, los datos terminaron en venta en el mercado negro”.

El segundo punto, siendo la más grave, la violación a los derechos humanos. Ya que los datos biométricos son según el INAI: “las propiedades físicas, fisiológicas, de comportamiento o rasgos de la personalidad, atribuibles a una sola persona y medible”.

Existe un gran camino judicial por recorrer, en el cual organismos ciudadanos interpondrán denuncias, amparos y demás en defensa de los derechos y de la privacidad de los mexicanos, que cuenten con línea de celular, camino en el cual, ojalá, al final no tengamos que ver las consecuencias de un gobierno autoritario, como el de los 17 países donde solicitan datos biométricos para tener una línea de telefonía celular.