Por: Ricardo Homs

La tradicional respuesta del Gobierno de México, de victimizarse y rechazar los cuestionamientos incómodos que llegan del exterior, lo único que hace es agravar los problemas y convertirlos en una crisis. Negar lo evidente no resuelve, sino que magnifica lo que se quiere ocultar.

Si nuestro gobierno desde tiempo atrás hubiera empezado a actuar frente al problema de las desapariciones forzadas –que es un tema que duele para muchas familias mexicanas–, por una parte ya habría empezado a disminuir la incidencia de este fenómeno social, y por otra parte, el nombre de México no estaría siendo exhibido de modo tan vergonzoso como un caso de negligencia gubernamental, que ha permitido que nuestro país sea considerado como el caso más grave de todo el mundo, superando a países que están en guerra.

Ya es un hecho confirmado que en septiembre próximo este sensible asunto –que ya supera los 130 mil casos– será presentado en el pleno de la ONU, según anunció Antonio Guterres, el secretario general de este organismo, quien aplicó el Artículo 34, considerado un “mecanismo de emergencia” que se instrumenta cuando se descubre que en un país hay desapariciones forzadas de modo sistemático.

La presidenta Sheinbaum rechazó el dictamen que realizó el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU –que visitó México para realizar una exhaustiva investigación–, argumentando que no es el Gobierno de México quien realiza esta práctica equivalente a “genocidio”, sino el crimen organizado.

Primeramente, debemos entender que la presentación al pleno de la ONU no significa un enjuiciamiento a nuestro Gobierno, sino la presentación del caso para integrar un proyecto de ayuda, en el cual participen países que han aplicado con éxito estrategias para frenar este fenómeno social.

El caso más doloroso de este fenómeno es la existencia de grupos de “madres buscadoras”, que, ante la inacción gubernamental, asumen el reto de salir a buscar a sus hijos –o los restos de ellos– para darles cristiana sepultura.

El punto más álgido de este fenómeno se dio durante el Gobierno de López Obrador, quien sistemáticamente se negó a recibirles y llegó incluso a acusarlas de estar trabajando para perjudicar a su Gobierno.

La existencia misma de las “madres buscadoras” es la evidencia tácita del desinterés gubernamental, pues si las autoridades judiciales, y las de seguridad pública, asumieran su responsabilidad, ya estarían realizando las actividades que hoy deben asumir los familiares de las víctimas en un entorno de graves riesgos.