El director de Inspección y Verificación de Torreón, Pablo Fernández Llamas, anda a la defensiva tras los señalamientos de comerciantes sobre abusos y corrupción de sus inspectores. En privado culpa al alcalde Román Alberto Cepeda —su jefe, en teoría—, pues asegura que el mal desempeño del edil arrastra a todo el gabinete y hace que las críticas lleguen en paquete. También intenta achacar los señalamientos a grillas del sindicato, pero los reclamos –comentan al interior– se multiplicaron desde que giró la orden de inflar las cuotas a los negocios. Antes, los pequeños comercios pagaban dos o tres mil pesos para que los inspectores se hicieran de la vista gorda; ahora la exigencia sube a diez o hasta quince mil pesos. Por eso la inconformidad se desbordó contra un esquema de moches que, por lo visto, no tiene límite.

Amparo en riesgo

Los empresarios de La Laguna no se quedaron callados ante la inminente desaparición del recurso de amparo tal y como lo conocemos. El presidente de Coparmex en la región, Jorge Reyes, advirtió que limitar el amparo en causas colectivas equivale a dejar indefensa a la ciudadanía frente a los abusos de autoridad. Recordó que la economía regional se sostiene en miles de negocios que, además de empleos, generan estabilidad. Con las reformas, el golpe pega parejo: desde el microemprendimiento hasta la gran empresa. La exigencia es clara: cualquier reforma debe fortalecer, no debilitar, el Estado de derecho. En La Laguna los empresarios lo entienden; al parecer, los legisladores no.

Lo dejaron solo

A ninguna de las tribus de Morena en La Laguna le entusiasma la visita que este viernes hará Gerardo Fernández Noroña, empeñado en revivir su fallida aventura presidencial bajo el disfraz de “asambleas informativas”. Hasta este miércoles, ningún cuadro relevante del partido guinda se apuntó para arropar al rijoso senador en los eventos programados en Torreón y Francisco I. Madero. El desdén local se combina con versiones de que, desde la dirigencia nacional, a cargo de Luisa María Alcalde, bajaron línea para hacerle el vacío y recordarle que su tiempo —al menos en Morena— ya pasó.

Presupuesto en la mira

El Poder Judicial del Estado puso a Torreón en el centro de su planeación para 2026. La propuesta presupuestal, que asciende a mil 420 millones de pesos —9.23 por ciento más que el año anterior—, contempla nuevas oficinas judiciales en la ciudad para atender la creciente demanda en la Región Lagunera. Además, el magistrado presidente, Miguel Felipe Mery Ayup, señaló que se destinarán recursos para equipar la Ciudad Judicial en Saltillo y cubrir los gastos ordinarios del Tribunal. El proyecto tiene el visto bueno de los órganos internos del Poder Judicial; lo que sigue es explicar a detalle los proyectos al Poder Legislativo.