Javier Villarreal Hernández y Jorge Torres López fueron peones del moreirato, pero la información sobre el manejo financiero del estado en el sexenio 2005-2011 los convirtió en pieza clave para la justicia estadunidense. El punto de mira es el exgobernador Humberto Moreira y su círculo más próximo. Pues no solo se trata de un tema de lavado de dinero -procedente de caudales públicos y de sobornos para la asignación de obra-, sino de algo aún más grave: la relación de autoridades con el cártel de los Zetas, al cual se atribuyen las masacres en Allende y en la cárcel de Piedras Negras.

«La avaricia -advierte Séneca- es como la llama, cuya violencia aumenta en proporción al incendio que produce». Las lenguas de fuego provocadas por la codicia de los Moreira -el tándem de Humberto siempre ha sido su hermano Rubén- fueron ignoradas por el Gobierno de México, mas no por el de Estados Unidos ni por la prensa internacional. La estrategia de Torres López —declararse culpable, proporcionar información y entregar dinero y propiedades incautadas para obtener beneficios y una sentencia menos larga— es la misma que siguieron el exsecretario de Finanzas Javier Villarreal, los empresarios Guillermo Flores Cordero (Torreón) y Rolando González Treviño (Monclova) y el contratista Luis Carlos Castillo Cervantes, el Rey de los Dragones (Tamaulipas).

Un caso con tanta exposición mediática en Estados Unidos y Europa no puede cerrarse con una pieza menor como Torres López, cuyo ascenso político y económico lo debe a los Moreira —sobre todo a Rubén—. Después de la detención de Humberto en Madrid, el 15 de enero de 2016, por la policía anticorrupción, The New York Times publicó: «En México la noticia fue recibida con una mezcla de aprobación y vergüenza. Pese a que ya había caído en desgracia, Moreira había permanecido intocable: un aliado político del presidente Enrique Peña Nieto que le ayudó a construir su campaña en 2012. Su arresto en España solo subraya la debilidad de las instituciones mexicanas cuando se trata de combatir la corrupción entre la clase política» (21.01.16).

Juan Pardinas, a la sazón director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y actual director editorial de Reforma, declaró a la Dama Gris sobre el exgobernador de Coahuila y exlíder del PRI: «Moreira es un prototipo y un sinónimo de corrupción en México. Es también un prototipo de la impunidad. Un gran reto es construir un estado de derecho para que la 13ª o 14ª economía del mundo evite que otros países (España y Estados Unidos) procesen casos de este tipo».

Después de la liberación del exgobernador, el Chicago Tribune anunció: «El caso Moreira no está cerrado. (…) la justicia de Estados Unidos tiene ya suficientes pruebas para involucrar a este político mexicano en actividades de traspaso ilícito de fondos y lavado de dinero; mientras tanto la justicia mexicana continúa en el letargo de la impunidad que es la gran salvaguarda de la corrupción en este país» (16.02.16).

El moreirato convirtió a Coahuila en rehén de una banca inescrupulosa y ventajista. Esta historia de impunidad podría terminar pronto. Estados Unidos tiene ahora más elementos para proceder contra Moreira y otros intocables, entre ellos un empresario mediático cuyo imperio -en decadencia- persiste en utilizar las peores prácticas. Torres López ha pagado caro su alianza con el clan. No es víctima de las circunstancias, sino de sus propias decisiones. El poder lo embriagó. Traicionado por sus jefes-—uno lo abandonó y otro renegó de él-, hoy su vida es un infierno. Los hermanos humillaron sin contemplación el apellido escrito con GIS.