Ni los de casa se escapan al “modito” en que Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja entiende la lealtad. Una trabajadora del Partido del Trabajo desde 2016 lo denunció ante el Tribunal Laboral del Estado por despido injustificado, acoso laboral, violencia de género y pago menor al salario mínimo.
Y no es para menos. En su denuncia relata que el pasado 22 de octubre Mejía la corrió por teléfono, entre insultos y descalificaciones, con el argumento de que necesita gente más comprometida con él, no necesariamente con el partido.
La demanda también involucra al dirigente nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, y al coordinador financiero estatal, Israel Pita Garrido.
El caso exhibe el tipo de control que pretende ejercer el diputado federal dentro del PT: no quiere militantes, quiere incondicionales y el detalle es que cada día tiene menos. ¡Pobre tigrecito!
Por cierto, la denuncia contra el PT no avanzó precisamente rápido en un tribunal cuya razón de ser es garantizar los derechos laborales. De acuerdo con el abogado laboralista Ricardo Torres Mendoza, representante de la afectada, el director regional del Centro de Conciliación Laboral en la zona Sureste, Antero Alvarado Farías, intentó frenar la queja e incluso bloquear su presentación, según esto “para no meterse en problemas con Mejía Berdeja”. Imagínense, a estas alturas hay funcionarios que no andan echados pa’ delante.
Pero como en Coahuila la justicia va más allá de los intereses y temores de los funcionarios, la denuncia finalmente se presentó directamente ante Dora Alicia de la Garza Villanueva, directora general del Centro, con la intervención oportuna de la secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro.
Con agenda llena anda por estos días la secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva, María Bárbara Cepeda. Representó al gobernador Manolo Jiménez en el arranque de la modernización del alumbrado público en los accesos a Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz en la colonia Parajes de la Sierra. Ahí andaban también los empresarios Juan Antonio Aguirre Valdés e Isidoro García Reyes, dirigentes de las cámaras de Comercio y de la Industria de Restaurantes, con quienes platicó —seguramente— sobre la reactivación del aeropuerto Plan de Guadalupe y el proyecto del tren entre Saltillo y Nuevo Laredo.
Hasta en los asuntos del cielo quiere meter mano Morena. Resulta que al diputado morenista Arturo Ávila Anaya se le ocurrió una reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público para que hasta los sermones pasen por Gobernación antes de difundirse en redes.
El verdugo sería una tal “Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones”, y según el panista Marcelo Torres Cofiño, la jugada viene disfrazada de “neutralidad digital”, pero en realidad es un intento por convertir a la Secretaría de Gobernación en confesionario virtual.
Al obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, no le gustó que un policía hiciera su trabajo. Este domingo intentó sacar su auto de su casa en la calle Hidalgo para ir a misa, pero el agente se lo impidió porque la zona estaba bloqueada por una maratón. Don Raúl lo contó en redes con tono de queja, como si el policía debiera abrirle paso por ser quien es.
Las reacciones no tardaron: muchos le recordaron que es ciudadano de carne y hueso y, por lo tanto, se debe sujetar a las normas urbanas. Otros, con más humor, le recomendaron tomar taxi o subirse al “Aquí Vamos”, el transporte gratuito que sí tenía permiso para circular.
Para beneplácito de los fieles del Santuario de Guadalupe, hasta donde el obispo debió caminar dos kilómetros a paso veloz, hubo misa y hasta bendición.
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