Ciudad de México.- El propietario de la librería independiente Book Punch de Hong Kong fue condenado este viernes por explotar sin autorización un espacio de enseñanza tras organizar un taller de español, un fallo que refuerza la sensación de cerco regulatorio sobre el ámbito cultural de esta región semiautónoma.

El Tribunal de Magistratura de Kowloon City le impuso una sanción de 32 mil dólares hongkoneses (unos 4 mil dólares estadounidenses) al concluir que la actividad tenía naturaleza formativa y no meramente lúdica.

La resolución sostiene que la sesión encajaba en la definición legal de curso reglado, pese a que no incluía exámenes ni otorgaba títulos.

Según la acusación, el local y la sociedad matriz vulneraron la Ordenanza de Educación al operar como centro académico sin cumplir los requisitos de inscripción y al permitir que el ciudadano español Antonio B.M. impartiera la clase sin figurar en los registros oficiales como profesor habilitado.

El librero, que optó por prescindir de abogado y asumió su propia defensa, sostuvo ante el magistrado que el encuentro fue un acto de difusión lingüística y convivencia, sin contenidos evaluables ni itinerario reglado.

Recalcó que Book Punch funciona como espacio de lectura, tertulia y aprendizaje informal, orientado a acercar distintos idiomas al público local.

Fundado en 2020, el establecimiento organizaba de forma esporádica charlas y talleres sobre cuestiones sociales y actualidad.

El año pasado, el diario progubernamental Wen Wei Po lo acusó, junto a otros establecimientos, de practicar “resistencia blanda” por impulsar una feria del libro independiente, un concepto utilizado por las autoridades locales para aludir a supuestas amenazas a la soberania nacional sin precisar su contenido.

El proceso se inscribe en un clima de vigilancia reforzada sobre espacios culturales y de reunión desde la entrada en vigor, en junio de 2020, de la Ley de Seguridad Nacional dictada por Pekín y, posteriormente, de la Ordenanza local de Salvaguarda de la Seguridad Nacional.

Ambos marcos amplían el elenco de delitos políticos, como traición, insurrección, injerencia extranjera o sedición, castigados con penas que pueden llegar a la cadena perpetua.

Desde entonces, el ecosistema editorial hongkonés ha visto multiplicarse los filtros y controles. Las bibliotecas públicas han suprimido de sus catálogos títulos sobre la represión de Tiananmen de 1989 y obras firmadas por dirigentes prodemocráticos, mientras que la Feria del Libro de Hong Kong dejó fuera desde 2022 a diversas editoriales críticas o les exigió retirar ejemplares.

Representantes del sector denuncian un patrón de presión administrativa, con inspecciones encadenadas de distintos departamentos, revisiones fiscales y nuevas exigencias de licencias para actos que antes se organizaban con normalidad, como coloquios o presentaciones.

Estas dinámicas, advierten, alimentan una sensación constante de inseguridad jurídica y un profundo desgaste anímico entre libreros, editores y creadores vinculados a la escena cultural independiente de la excolonia británica.