Pasó como año y medio trabajando desde el despacho de su casa. Ahora, aún vacunado, Alejandro Gertz Manero ya atiende en su oficina del piso 21 de la Torre Glorieta Insurgentes.

Pero se sigue manteniendo lo más aislado posible, haciendo un estricto cuidado de su persona bajo medidas que van más allá de la higiene normal y protocolos de seguridad recomendados.

La oficina del fiscal General de la República debe mantenerse a una temperatura constante y tiene habilitados diferentes espacios para moverse y recibir siempre la resolana. Nadie puede pasar frente a su oficina si él está ahí.

Siempre tiene a disposición un tapete a sus pies para evitar el contacto con el piso frío. Detesta a los bebedores y fumadores, no solo al prohibir que lo hagan frente a él, sino que no tolera el olor a alcohol o tabaco de quien se le acerque.

Tampoco le agrada que la gente use barba porque se ve “sucia”. Y no tiene empacho en expresar su molestia por cualquiera de sus animadversiones.

Es probablemente el único alto funcionario del Gobierno federal de esta Administración, y de los últimos 20 años, que no tiene teléfono celular. No, no es que esté restringido por seguridad.

No usa celular. Imposible, entonces, una llamada o un mensaje por WhatsApp. Desde su oficina se encargan de enlazarlo a donde lo localicen, casi siempre su casa.

Cumplidos tres de nueve años en el cargo concluirá su periodo en el 2028, a los 89 años. Gertz tiene claro que este es el último cargo público de su vida, tiene presente su legado como primer fiscal General de la República, la institución que está construyendo, los resultados y acciones como ente autónomo de procuración de justicia, aunque mediáticamente pareciera que sus prioridades fueran otras.

Hombre de ideas firmes y memoria suficiente para no perdonar, lo suyo ha sido resolver las batallas personales de su vida, como la que sostiene contra la Fundación Mary Street Jenkins y su Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP). O el relacionado con la muerte de su hermano Federico, ambos casos con varios años detrás y que han dado vuelcos a favor desde que es titular de la FGR.

Incluso su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) con nivel III, luego de que la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla, creó una comisión especial dictaminadora para resolverle a su favor, cuando en 2010 fue rechazado.

No se podía ver como casualidad que por esos días, la FGR quedó en ridículo, cuando la autoridad judicial rechazó otorgarle órdenes de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada contra 31 científicos y exfuncionarios del Conacyt, asunto del que, a pesar del revés, el Ministerio Público federal se ha negado a determinar el no ejercicio de la acción penal.

Con la salida de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Gertz quedó como el gran ganador, deshaciéndose de un enemigo que estaba empecinado en derrocarlo y relevarlo de la FGR. De aquella animadversión mutua todavía siguieron filtraciones para dañar las respectivas reputaciones.

El fiscal cree equivocadamente que el responsable es el exconsejero jurídico de la Presidencia, su examigo Julio Scherer, contra quien también ha emprendido una feroz cacería, intentando acorralarlo con las declaraciones, torcidas por cierto, de personajes que se le acercaron para resolverle sus casos.

Gertz no ha hecho pública su declaración patrimonial, por lo que han abundado los reportajes sobre su colección de autos de lujo, negocios, cuentas bancarias en paraísos fiscales o propiedades.

Pero poca mella han hecho en el fiscal, conocido por su amplia solvencia económica que le viene desde el abuelo, Cornelius Gertz, empresario alemán y cónsul honorario del imperio austrohúngaro en nuestro país.

Lamentable es, sin embargo, que la FGR parezca operar a la deriva, sin resultados y acciones que marquen la diferencia al ciudadano del cambio de Procuraduría a Fiscalía, sin mayor evolución, y que a su titular se le conozca más por los escándalos de sus enconos y pleitos personales.

LA SALIDA DE Juan Collado del Reclusorio Norte se ha venido retrasando porque no ha podido traer de Andorra el dinero que se comprometió a pagar como reparación del daño y con ello lograr un criterio de oportunidad, el cual le ofreció el mismo fiscal Alejandro Gertz Manero el año pasado. Trámites en la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Fiscal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores están trabando su liberación, en buena medida por las salidas casi simultáneas de sus anteriores titulares: Santiago Nieto, Carlos Romero Aranda y Juan Pablo Graf. El exabogado de personajes de alta exposición política, como Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, debió salir desde diciembre. Ya solo es cosa de días. En Palacio Nacional dieron luz verde. Pero la gran pregunta es ¿Collado pagará su libertad con el dinero de terceros? Son cerca de 2 mil millones de pesos los que liberará el Banco de Andorra, el cual se comenta en los corrillos de la FGR son de personajes como el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps; los exgobernadores de Tamaulipas, Eugenio Hernández, y de Quintana Roo, Roberto Borge, y el exsecretario de Comunicaciones peñista, Gerardo Ruiz Esparza, entre otros. ¿Será que ya ni harán ruido y mejor darán por perdidos sus ahorros, con tal de no desafiar al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador?

TENSIÓN EN EL Consejo Coordinador Empresarial es lo que se respira desde el jueves por la tarde. Y es que parece que Carlos Salazar, quien entregará la presidencia en la primera semana de marzo, le quiere levantar la mano anticipadamente a Francisco Cervantes. Con el argumento de que el expresidente de la Concamin tendría ya asegurados cinco de los siete votos que se necesitan, el exdirector de Femsa dejaría fuera de la contienda a Bosco de la Vega. Este, que tiene el respaldo del Consejo Nacional Agropecuario, que preside Juan Cortina, y de la Coparmex, que lidera José Medina Mora, pegó el grito en el cielo porque apenas estaba iniciando el proselitismo entre cámaras y asociaciones. El madruguete tampoco es bien visto en la CIRT, que ya había dispuesto de tiempo para que los candidatos, Cervantes y Bosco, expusieran sus respectivas plataformas. Se dice que atrás de este “complot antidemocrático” está el interés de quedar bien con Andrés Manuel López Obrador, que ve en Cervantes a un dirigente a modo, cosa muy distinta con De la Vega.

FOCOS ROJOS EMPIEZAN a encenderse en Baja California. Con apenas tres meses de gestión, un funcionario del equipo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila atrae la atención de propios y extraños: su secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexía. Pero sobre todo en el centro del país y en el cuartel general de Morena el radar está puesto sobre el esposo de la Mandataria, Carlos Torres, un militante histórico del PAN que cobró auge en el Gobierno de Calderón. Y es que este personaje está quitando y poniendo contratistas y proveedores del nuevo Gobierno. Se le atribuye la designación del mismo Moreno Mexía, contador que tiene conflicto de interés porque Jaime Bonilla lo contrató para reestructurar la deuda del estado, función por la que le quería cobrar 6% del monto total, aunque terminó aceptando casi un 2 por ciento. El contrato se firmó en diciembre de 2019 con su empresa Servicios Financieros Patrimoniales.