En Arteaga se fragua un negocio que proyecta 177 millones de ganancia para sus impulsores, pero un daño ambiental permanente para la Región Sureste de Coahuila.

El proyecto, junto a otros dos que afectan al municipio y que detallaré más adelante, está el escritorio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su aprobación o rechazo en la medida de sus intereses.

Saltillo se expande. La horizontalidad y la dispersión son características de su crecimiento, cuestionable si lo consideramos desarrollo. Extender aún más la mancha urbana en lugar de promover el crecimiento vertical supone que los traslados sean más largos, además de costosos, y los “distritos” de la ciudad y zona metropolitana inconexos entre sí.

En ese contexto, sobre una superficie de 46.6 hectáreas, de las cuales 43 requieren un cambio de uso de suelo, se proyecta un “parque comercial” cercano a Ciudad Universitaria de la UAdeC, en la zona conocida como Presa del Llano.

El 9 de junio fue ingresado a trámite la manifestación de impacto ambiental bajo el nombre “Eje Comercial Coahuila”, y como cabeza del proyecto figura en documentos Blas Felipe Gómez Narro como persona física, quien es socio a su vez de Gómez Narro Construcciones, S. de R.L. de C.V., sociedad mercantil constituida en Saltillo el 20 de mayo de 2011 junto a sus hermanos David Alfredo y Marco Antonio de los mismos apellidos.

Antes de avanzar más en el tema cabría preguntarse: ¿Es necesario? ¿Es pertinente? ¿Será negocio? Y de ser así, para quién, considerando que la mayoría de las nuevas plazas comerciales construidas en Saltillo de 2016 a la fecha, en zonas urbanas y de tránsito constante, mantienen un gran porcentaje de locales desocupados y no solo eso, sino que algunos nunca han sido arrendados por primera vez (el asunto es tan complejo que quien logre rentar algo en un segundo piso, o niveles más arriba, probablemente se haga acreedor a la Presea Saltillo).

Ahora sí, al grano: la obra requiere una erosión hídrica de 26 hectáreas, un despalme (desmonte) de 43 hectáreas y una inversión total de 201 millones 865 mil pesos. Se pretenden lotificar, según la manifestación de impacto ambiental en poder de quien esto escribe, 101 bodegas, un mercado, un banco, un hospital, lotes comerciales, estacionamientos, oficinas, entre otros.

A construir en un plazo de cinco años y con el argumento de “activar la economía local y mejorar la calidad de vida vía la generación de empleos directos e indirectos”. Eso, se sabe de antemano y con conocimiento de causa, es relativo; y temporal, en todo caso.

Ahora bien, por la venta de los lotes estiman obtener alrededor de 378 millones de pesos, lo cual representa una ganancia neta de 177 millones de pesos.

En Arteaga igualmente se cocina lo que denominan Club Campestre Huella de Agua, impulsado por Yoruba Capital, S.A. de C.V., razón social creada en febrero de 2021 en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, aunque con domicilio social en San Pedro Garza García y que tiene por dueño a José Eduardo Esper Ferrigno, y un tal “Diego Castilla” cuyos datos generales no especifica el acta constitutiva.

Se trata de un bosque de coníferas ubicado en el ejido Chapultepec, de igual forma en Arteaga, y que implica 14 hectáreas de terreno a modificar. Y que afecta, justo es decirlo, al escurrimiento de agua en el Acuífero Región Manzanera-Zapalinamé.

El mercado potencial es Nuevo León y las parcelas ya están a la venta en internet sin que tengan autorización de Semarnat, ya que apenas fue presentado el 28 de junio.

Y finalmente un tercer proyecto en ciernes, presentado el 19 de julio: el fraccionamiento campestre El Diamante, compuesto por 12 hectáreas de terrenos forestales en el ejido del mismo nombre, de las cuales desmontarán dos de bosque.

Un detalle: afecta el Área Natural Protegida, Reserva Estatal Sierra de Zapalinamé, la cuenca que surte la mayor parte del agua de uso doméstico, industrial y agrícola para Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga.

La iniciativa es de Pedro Arturo Castro Flores, quien participa en la sociedad mercantil Espacios Empresariales Saltillo, S.A. de C.V., creada en marzo de 2019, junto a Inmobiliaria Mundo Maya, Rolando Peña Fernández y Sonia Verónica Pérez Álvarez.

 Cortita y al pie

Nadie se opone al desarrollo, aunque existe un instrumento legal relativamente nuevo que se puede utilizar al respecto en los tres casos mencionados: la Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de Coahuila, creada en noviembre de 2020 y vigente desde mediados de 2021.

En los artículos 34 y 35 del ordenamiento citado (que sustituyó a la entonces Ley estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente) se reconoce a las personas físicas habitantes de la comunidad afectada por el daño, así como a quienes viven a una distancia igual o menor a 25 kilómetros del lugar (ojo con esto) como sujetos de interés jurídico e interés legítimo para reclamar la responsabilidad ambiental ante los Juzgados de Primera Instancia en materia Civil, convertida ésta en una compensación de daños mediante pago de una sanción económica.

La última y nos vamos

En trámite y sin resolución aún (hasta la última actualización, el 22 de septiembre) existe un proyecto de First Majestic, la minera canadiense que explota plata en el municipio de Ocampo (Ampliación caving La Prieta), también un proyecto eco turístico de 283 hectáreas en Cuatro Ciénegas a cargo de la familia Arocha González (Las Playitas del Desierto), y finalmente un proyecto de 458 hectáreas en el ejido Emiliano Zapata, de Viesca (Parque Solar Villanueva, MP), por un plazo de 35 años a favor de Más Energía, S. de R.L. de C.V., de la Ciudad de México.

Sí, levantarse de la cama ya genera un impacto ambiental, sin embargo en ninguno de los tres casos queda claro cómo evitarían, detendrían y revertirían el deterioro que sus acciones provocarán en el medio coahuilense.