El presidente López Obrador fue enfático el 29 de diciembre de 2019 en su mañanera posterior al gran apagón del Día de los Inocentes en Tamaulipas y Nuevo León. “Ante la pregunta de si va a seguir sucediendo, yo puedo adelantar que no; tenemos un buen servicio de energía eléctrica”.

No era la primera vez que hacía esta promesa. ni sería la última. El 22 de junio de 2019, ayer hace tres años, declaró en Mérida que los apagones de Yucatán eran producto de que se había abandonado el sureste, dejándolo sin gas natural, y de que en 30 años no se habían construido plantas de generación de electricidad; en realidad se han edificado muchas en el país, pero por privados. El 26 de julio, también de 2019, aseveró: “No habrá problemas de falta de energía eléctrica. Hay abasto suficiente y no va a haber apagones. Todos esto lo digo para que no se manipule”.

El 20 de febrero de 2021 enfatizó: “La Comisión Federal de Electricidad va a garantizar que no haya apagones, que siempre se tenga energía eléctrica, y voy a refirmar el compromiso de que no va a aumentar el precio de la luz”. Manuel Bartlett, director general de la CFE, le dijo el 1 de julio de 2021 a un reportero: “No hay apagones, no les creas. No se dejen llevar por las mentiras. Vivimos en un ataque constante a la CFE porque es la mejor empresa de México”.

De nada han servido las promesas, sin embargo: este ha sido un sexenio de apagones. Ayer uno dejó sin electricidad a 1.3 millones de usuarios en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. La CFE culpó a un trabajador no identificado que supuestamente tuvo un accidente mientras daba servicio a las líneas de alta tensión. En por lo menos dos ocasiones, por otra parte, la Comisión ha responsabilizado a quemas de pastizales. En diciembre de 2019 presentó un documento de Protección Civil de Tamaulipas que presuntamente demostraba la existencia de un incendio en el apagón de Tamaulipas, pero resultó falso. “Habrá responsables de ese documento falso”, declaró Bartlett, pero hasta ahora no sé conoce quién lo falsificó, ni por qué se presentó como justificación.

Desde hace tiempo los especialistas han estado previendo apagones por el deterioro de la red de transmisión, sobre la que la CFE tiene un monopolio. Apenas el pasado 20 de junio el consultor Pablo Zárate advirtió en El Economista: “Ahí vienen más apagones”. Explicó: “De 2020 a 2021, el número de declaratorias de estados operativos de emergencia creció en 70.6%, pasando de 51 a 87. El número de declaratorias de estado operativo de alerta creció de mil 808 a 2 mil 097”.

Los problemas no son producto de las plantas privadas de energía limpia, ni de las quemas de pastizales, ni de los errores de un trabajador de mantenimiento. El propio Centro Nacional de Control de Energía, el Cenace, subraya Zárate, “reconoce que el 83.9% de las emergencias ocurren por fallas en la infraestructura de la red nacional de transmisión” y “72.2% de las alertas son por falta de infraestructura de la misma red”.

Lo increíble es que la CFE, en lugar de utilizar los recursos que tiene para modernizar y ampliar la red de transmisión, en la que nadie más puede invertir, dedica todos sus esfuerzos a cerrar eficientes plantas privadas y a impedir que haya más inversión privada en generación. Si ya tuviéramos una red de transmisión modernizada, y que alcanzara todo el país, quizá podría entenderse este intento por recuperar un monopolio ineficiente. Pero en un momento en que las fallas en la red producen apagón tras apagón, el esfuerzo por cancelar inversiones y dejar abandonada la red es un despropósito.

Impunidad

Es falso que el Gobierno esté frenando la violencia. Ni los abrazos a los criminales ni los apoyos sociales a los jóvenes la detienen. La impunidad promueve la violencia.