Las propuestas sobre transparencia del Proyecto de Nación 2018-2024 de Andrés Manuel López Obrador eran impecables. El entonces candidato se comprometió a legislar una “Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés”, a lograr una “autonomía total y ciudadanización plena de los órganos de combate a la corrupción” y a promover “la transparencia”.

Decía: “Existirá la obligación de celebrar licitaciones públicas y concursos abiertos para todo tipo de adquisiciones. Actualmente existe una situación en la que priva el intercambio de favores ilícitos entre funcionarios de Gobierno y contratistas”.

El 1 de junio de 2018, AMLO prometió buscar el apoyo de la UNOPS, un órgano de la ONU, “para asegurar la transparencia y que todos los procesos se lleven a cabo de conformidad con la ley, que no haya corrupción sobre todo en la compra que hace el Gobierno. Los contratos de obra van a estar vigilados por la ONU”. Morena difundió un video en el que afirmaba que “AMLO encabezará el Gobierno más honesto y transparente de la historia”.

La realidad ha sido otra. El Presidente ha rechazado la transparencia, y no sólo por sus ataques contra el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). Ha entregado cientos de miles de contratos por asignación directa, a pesar de lo que decía en el Proyecto de Nación y en su campaña, y pese a lo que señala el Artículo 134 de la Constitución:

“Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra. se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas”. Además, ha ocultado el gasto de sus obras más importantes.

La Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés nunca se legisló, aunque yo pienso que la legislación actual es suficiente para evitar estos conflictos, si se aplica. En lugar de fortalecer la autonomía y ciudadanización del INAI, el Presidente ha tratado de destruirlo. En los tres primeros trimestres de 2023, 74% de los contratos de la Administración Pública Federal se otorgaron por adjudicación directa, aunque el monto sometido a licitación sí ha subido hasta llegar a 56 por ciento.

La plataforma de Compranet, primero trasladada a Hacienda, ha sido devuelta a la Secretaría de la Función Pública, pero se registran múltiples problemas para tener acceso a su información (MCCI).

Los sobrecostos de las obras más distintivas del sexenio han sido enormes. La refinería de Dos Bocas se presupuestó en 8 mil millones de dólares; pero, en el reporte 20-F a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos de mayo de 2023, Pemex señalaba que “el presupuesto autorizado actual para el proyecto es de 15 mil 963 millones de dólares, IVA incluido, más 853.3 millones de dólares para la puesta en marcha, incluido el IVA”.

Esto arrojaba un total, hasta ese momento, de 16 mil 816.3 millones de dólares. La refinería se inauguró el 1 de julio de 2022, pero hasta la fecha no ha refinado nada; y el Gobierno no ha publicado información detallada sobre costos y sobrecostos.

AMLO prometió que el Tren Maya costaría entre 120 mil y 150 mil millones de pesos, pero el precio actual se calcula en por lo menos 500 mil millones. El problema es que no lo sabemos a ciencia cierta. porque el Gobierno reservó la información por “seguridad nacional” hasta 2027.

Las promesas de campaña de AMLO en materia de transparencia eran las correctas. Si se hubieran cumplido, el Presidente podría presumir de haber encabezado el Gobierno más transparente de la historia. Sin embargo, no las cumplió.

Mexicana militar

SAT Aero Holdings ha demandado a la nueva Mexicana de Aviación por 838.5 millones de dólares, más 2.4 millones de gastos legales. Los tribunales de Nueva York decidirán el tema, pero la demanda sugiere que la Mexicana militar hizo compromisos sin saber cómo se operan los contratos de aviación civil.