Saltillo, Coahuila.– El repentino interés del diputado Antonio Flores Guerra, del Partido del Trabajo, por el caso El Pinabete ha despertado sorpresa, molestia y críticas dentro y fuera del ámbito político. Y no es para menos: durante más de dos años, el legislador permaneció en completo silencio ante una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente de Coahuila, sin pronunciar palabra ni mostrar un mínimo gesto de solidaridad hacia las familias de los mineros.

Hoy, cuando ya no figura entre los beneficiarios de los contratos de carbón otorgados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contratos que durante años engrosaron su fortuna y sostuvieron su influencia política en la Región Carbonífera, el diputado Flores Guerra sube a tribuna a exigir justicia, transparencia y rendición de cuentas, intentando ahora colocarse como portavoz de las víctimas que ignoró durante tanto tiempo.

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Qué conveniente resulta que quien calló cuando más se necesitaban respuestas, ahora se vista de defensor del pueblo. Su repentino sentido de justicia aparece justo en el momento en que los contratos millonarios dejaron de llegar”, señalaron diversas voces que consideran su actuación una muestra clara de cinismo y oportunismo político.

El historial del diputado Antonio Flores Guerra en el sector carbonífero es ampliamente conocido: por años fue uno de los principales beneficiados con adjudicaciones directas de la CFE, aprovechando sus vínculos y posición para mantener privilegios económicos.

Sin embargo, tras los recientes procesos de licitación que se realizaron bajo criterios de igualdad, transparencia y rendición de cuentas, su nombre quedó fuera de las listas de proveedores. Y es justamente ahora, cuando los intereses personales han sido tocados, que decide “alzar la voz” por una causa que jamás le preocupó.

Desde el primer día de la tragedia en El Pinabete, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Coahuila han mantenido presencia constante y acompañamiento a las familias: en las labores de búsqueda y rescate, en la atención médica, psicológica y jurídica, y en el seguimiento judicial para que los responsables rindan cuentas ante la ley.

Durante más de dos años, las autoridades estatales y federales no han abandonado ni un solo día a las familias, actuando con sensibilidad, compromiso y respeto.

En contraste, el diputado Flores Guerra nunca se pronunció. No presentó exhortos, no pidió informes, no acudió a Sabinas, ni se acercó a los deudos. Su silencio fue absoluto cuando las familias más necesitaban apoyo institucional.

Hoy, con un discurso fabricado, pretende aparecer como un defensor social, cuando en realidad su repentina “preocupación” responde a la pérdida de beneficios económicos personales.

El intento de convertir una tragedia humana en plataforma política es, por decir lo menos, una falta de respeto a la memoria de los mineros y al dolor de sus familias. Resulta ofensivo que alguien que nunca mostró interés en la seguridad laboral, ni en la supervisión de minas, ni en la dignidad de los trabajadores, ahora pretenda hablar de justicia.

Su actitud confirma que la empatía no se improvisa cuando conviene, ni la autoridad moral se construye con discursos.
El compromiso verdadero se demuestra con hechos, con presencia constante y con responsabilidad, no con intervenciones oportunistas desde una tribuna.

El caso El Pinabete sigue siendo una herida en la memoria colectiva de Coahuila. La búsqueda de justicia no necesita portavoces improvisados, sino coherencia, respeto y trabajo institucional. Las familias han tenido acompañamiento real de los gobiernos federal y estatal, no de discursos de ocasión. Porque la congruencia no se mide por lo que se dice cuando conviene, sino por lo que se hace cuando nadie está mirando. Y el dolor de las familias no se utiliza como bandera política… se respeta.