Saltillo.- Los recortes presupuestales derivados de los recursos que recibirá Coahuila por parte de la Federación, además de limitar proyectos de infraestructura, seguridad y salud, golpearán a los órganos autónomos del estado, que durante los últimos años, en el mejor de los casos, han visto que se les asigna el mismo presupuesto año con año, lo que ni siquiera los empareja con la inflación para poder hacer frente al gasto corriente y la operación.

Desde 2018, los órganos autónomos del estado, llámense Instituto Electoral, Instituto de Acceso a la Información, Comisión de Derechos Humanos, Conciliación y Arbitraje Médico, Tribunal Electoral, Tribunal de Justicia Administrativa y Fiscalía General del Estado, han sufrido con los recortes de recursos, lo que mantiene a algunos de estos órganos en una situación financiera crítica.

Salvo los órganos electorales y los de seguridad, particularmente la Fiscalía, todos los demás han mantenido el mismo presupuesto desde hace cuatro años, y por lo que se proyecta 2022 no será la excepción.

La Fiscalía General del Estado, el órgano autónomo que recibe mayores recursos, recibió este año 944 millones de pesos, y ha sido el único que ha mantenido un presupuesto ascendente de 2018 a la fecha.

Presupuesto a la baja

Órganos como el ICAI recibieron el mismo presupuesto de 2018 a 2020: 45.6 millones de pesos. Este año bajó a 38.8 millones.

Otro de los órganos que vivieron una situación similar, es la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De 2018 a 2020 recibió cada año 38.5 millones de pesos. En 2021 recibió 36.6 millones.

La Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico ha recibido por cuatro años el mismo presupuesto: 4.75 millones de pesos.

El Tribunal de Justicia Administrativa recibió en 2018 65.7 millones de pesos. En 2019 bajó a 52.5 millones, y desde entonces se ha mantenido en esa cifra.

El Presupuesto de Egresos del Estado para 2022 será presentado en las próximas semanas ante el Congreso local, para que se emita el dictamen correspondiente, y se prevé que también haya reducciones en el gasto público de los órganos autónomos.