Ciudad de México.- Por ley, las empresas deben repartir 10% de sus utilidades netas entre los trabajadores, lo cual es un porcentaje que debe modificarse porque afecta su competitividad, señalaron abogados laborales.

El viernes pasado, el sector privado y la Secretaría del Trabajo acordaron topar el reparto de utilidades a tres meses de salario para cada trabajador.

Sin embargo, no se cambió el porcentaje de las utilidades netas que las empresas deben repartir, pues es facultad de la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas.

El tope que se estableció no resuelve el problema estructural que representa el 10% de reparto sobre las utilidades de las empresas, según un análisis del despacho De la Vega & Martínez Rojas.

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La pequeña y mediana empresa no pueden pagar utilidades sobre la base de tres meses de salario a lo que les obliga el porcentaje de 10% y que resulta, a su vez, anticompetitivo para las grandes empresas. Esta situación ha generado en gran medida la subcontratación de personal”, dice el análisis.

Apenas el año pasado se publicó la resolución del Consejo de Representante de la Sexta Comisión Nacional, que ratificó el 10% de las utilidades netas a repartir con vigencia de 10 años.

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Este plazo aplica a las solicitudes de revisión pero no a la Secretaría del Trabajo, que puede convocar a la Comisión cuando haya justificación y establecer un porcentaje de acuerdo con la realidad económica, tomado en cuenta la necesidad de proteger a las empresas en un contexto de competencia globalizada”, señala el análisis.

Alcalde Luján expuso que hay subsectores en los que se paga poco PTU, incluso menos que la media nacional que es de 22 días (equivalente a 2.8% de las utilidades); y éste debería ser mayor, por ejemplo, en los trabajos especializados para la construcción se pagan cinco días; es decir, 796 pesos; con la propuesta se tendrían que pagar 83 y el monto sería de 13,526 pesos.

En el país reciben utilidades alrededor de seis millones de trabajadores, lo que representa 56,121 millones de pesos, cuyo promedio para cada trabajador es de 7,301 pesos. Con la propuesta del tope de 90 días, el monto a repartir sobre la misma base de trabajadores actual pasaría a 157,050 millones de pesos, equivalente a 7.7% de la utilidad promedio de las empresas.

La iniciativa para reformar el outsourcing presentada en noviembre pasado por el presidente López Obrador plantea la prohibición de la subcontratación, quedando limitada solo a las actividades no centrales de la empresa en cuestión, además de la conformación de un padrón público de empresas prestadoras de este tipo de servicios y la creación de la figura de agencias de colocación, que solo podrán intervenir en el proceso de reclutamiento de personal.