“Puedo sacar hasta mi pañuelito blanco para decir ya no hay corrupción arriba”.
Andrés Manuel López Obrador, 31.08.201

En varias ocasiones durante su Gobierno, el expresidente López Obrador anunció que la corrupción había sido borrada de nuestro país. El 31 de agosto de 2019, un día antes de cumplir nueve meses en el poder, declaró en Puebla: “Ya puedo decirles aquí, con la frente en alto, viéndoles a los ojos, de que ya se acabó la corrupción arriba”. Para recalcar su afirmación ondeó su pañuelo blanco, pero no sólo eso; reiteró que “todos los negocios jugosos, todas las transas que se hacen, llevan el visto bueno del Presidente”.

No pude evitar recordar estas palabras del líder máximo de la Cuarta Transformación al enterarme de las acusaciones que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado contra dos ciudadanos mexicanos residentes en la Unión Americana, Alexandro Rovirosa y Mario Alberto Ávila Lizárraga, quienes presuntamente pagaron 150 mil dólares en sobornos a tres funcionarios de Pemex para obtener contratos de millones de dólares. Estos actos de corrupción no se realizaron en el Gobierno de Calderón ni en los tiempos de los neoliberales, sino entre 2019 y 2021, en el Gobierno de López Obrador.

Según Matthew Galeotti, fiscal general adjunto del Departamento de Justicia: “Esta acusación debe enviar un mensaje claro de que la División Criminal no tolerará a quienes enriquecen a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo”.

No han faltado los voceros del régimen que echan la culpa de la corrupción a Calderón porque Ávila Lizárraga fue candidato del PAN al Gobierno de Campeche en 2009 y subdirector de servicios marinos de Pemex en 2010-2012. Pero el hecho es que los actos sucedieron en el Gobierno de López Obrador.

Una vez más los mexicanos estamos conociendo un caso de corrupción en nuestro país gracias a las autoridades estadounidenses. Recordemos que ni siquiera las acusaciones contra Genaro García Luna, a quien los políticos de la 4T han convertido en símbolo de corrupción en el sexenio de Calderón, provinieron originalmente de las autoridades mexicanas. Las investigaciones contra el exsecretario de seguridad se hicieron en Estados Unidos y ahí se presentaron las acusaciones que lo llevaron a la cárcel.

Parece que en Washington están más preocupados por la corrupción en nuestro país que en Palacio Nacional. Apenas en mayo pasado se dio a conocer que el Departamento de Justicia presentó acusaciones contra dos ciudadanos estadunidenses, Maxwell Sterling Jensen y James Lael Jensen, por participar en operaciones de contrabando de huachicol. En principio parecería extraño que el Gobierno de la Unión Americana se preocupara de actos ilegales que dañan solamente a Pemex, pero el agente especial de la DEA William Kimbell declaró al dar a conocer la captura que el huachicol es “la mayor fuente de financiamiento para los cárteles de la droga mexicanos”.

Es evidente también que el presidente Donald Trump quiere subrayar que el Gobierno mexicano está involucrado con el crimen organizado. Estos actos de corrupción no podrían realizarse sin la connivencia o la complicidad de altos funcionarios. Y cuidado porque, mientras López Obrador afirmaba que ya no hay corrupción y desplegaba pañuelos blancos, las investigaciones del Departamento de Justicia de la Unión Americana siguen avanzando. Bien podrían alcanzar a funcionarios de una Administración que dice falsamente que acabó con la corrupción y cuyo líder afirmaba que todas las transas llevaban el visto bueno del Presidente.

Inundaciones

Es verdad que ha llovido de manera torrencial, pero también que la Ciudad de México no estaba preparada. Las inundaciones han afectado a miles y el desazolve ha sido lento. Tenemos un Gobierno que es más apto para repartir programas sociales que compran votos que para cumplir con sus obligaciones de protección civil.