Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas elegirán gobernador el 5 de junio próximo. Los partidos nacionales registrarán tres hombres y tres mujeres para «garantizar la postulación paritaria en las candidaturas», de acuerdo con la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) tomada el 6 de noviembre pasado. ¿Permitirá el árbitro electoral postergar la paridad de género en Coahuila hasta finales de la presente década como lo determinó el Congreso local, dominado por el PRI, bajo el noble argumento de «erradicar los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en la vida política para el libre ejercicio de sus derechos político-electorales»? Si es tanto el interés, ¿por qué no anticipar para 2023 la elección de la primera Gobernadora?

En acatamiento al mismo principio de igualdad, los partidos postularon el año pasado a siete mujeres en los 15 estados que eligieron gobernador. Seis de ellas (todas de Morena) ganaron a los candidatos de la coalición Va por México compuesta por el PRI, PAN y PRD. Si la reforma autorizada por el Congreso de Coahuila valiera también para Hidalgo, Carolina Viggiano, esposa de Rubén Moreira, no podría ser candidata ahora, sino hasta 2028. ¿Lo aceptaría? Entonces, ¿por qué las diputadas del PRI estatal aceptaron tamaño despropósito?

Los partidos del frente irán juntos este año en Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas; en Quintana Roo y Oaxaca aún no se definen. En las primeras entidades, dos candidatos serán hombres y dos, mujeres. El PRI, PAN y PRD estrenaron esa fórmula el año pasado en 11 estados. En todos fueron arrasados por Morena y sus aliados (PT y Verde). La intención de voto apunta al movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, excepto en Aguascalientes.

La igualdad habría sido imposible de «(no haber) ocurrido dos cosas: la reforma legal de 2014 y segundo, una serie de acciones afirmativas que se adoptaron, la gran mayoría de ellas, en esta sede», dijo el presidente del INE, Lorenzo Córdova, en la sesión de noviembre donde se emitieron los criterios «para garantizar el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas». Para la consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, «La paridad (…) es un principio constitucional fundamental del Estado mexicano, que se ha transformado en una de las piezas clave del sistema político; es además una de las principales expresiones de los derechos humanos de igualdad, dignidad y no discriminación, por lo que su ejercicio es inmediato y no puede postergarse por falta de regulación secundaria».

Si los derechos de igualdad, dignidad y no discriminación aún no son inmediatos, en parte se debe a la reticencia de los gobernadores, observa Humphrey, exdirectora de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y exconsultora nacional de ONU Mujeres. «En cuatro entidades (donde este año habrá elecciones) el plazo para poder legislar ya se venció, en una más está próximo a vencerse y, en el caso de Hidalgo, si bien fue el único que efectuó la reforma, esta no ha sido promulgada, por lo que no se encuentra vigente». El Congreso de Coahuila cambió la Constitución, no para subsanar la discriminación histórica hacia las mujeres, sino para continuarla hasta 2029.

Para garantizar la paridad en las gubernaturas, «el mejor camino es ejercer la facultad de atracción (del INE) y evidenciar los incumplimientos que existen por parte del Legislativo a nivel federal y local, ya que el contar con una reglamentación estatal es insuficiente, al ser el Congreso de la Unión, desde una visión panorámica, quien tenga que regular este principio», subraya la consejera Adriana Favela, feminista y autora del libro Teoría y Práctica de las Nulidades Electorales