Tenía 37 años Víctor Manuel Guajardo Rivas, cuando la madrugada del 10 de julio de 2013, policías del Grupo de Armas y Tácticas Especiales –conocidos como GATES– y elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales Municipales (GATEM) –ambos de la policía de élite del estado de Coahuila– irrumpieron en su domicilio para golpearlo y torturarlo frente a su esposa e hijos, mientras le gritaban que el motivo era por pertenecer a un grupo delictivo. Posteriormente, lo subieron a una camioneta del citado primer grupo policiaco, para perderlo por un tiempo, que aún no concluye.

Como lo mencioné, la agrupación policiaca GATE fue creada en 2009 por el exgobernador Humberto Moreira, y con ella la Procuraduría estatal de entonces realizó diversos operativos, a pesar de no estar contemplada en la ley orgánica de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Coahuila.

Así duró cinco años realizando aprehensiones y consignaciones sin ningún sustento legal. Por consecuencia, ese grupo especial, se vio involucrado en por lo menos 60 casos de desaparición forzada, principalmente en municipios del norte.

Por acciones como la anterior, el pasado miércoles 9 de diciembre el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, ofreció disculpas a los familiares de tres personas desaparecidas, entre las cuales se mencionó al coahuilense Víctor Manuel Guajardo.

Por consecuencia, y en el mismo tenor, el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, a nombre de la Administración Pública Estatal coahuilense, ofreció también sus disculpas a la familia agraviada, comprometiéndose a garantizar la no repetición de violaciones como las sufridas por Víctor Manuel y su familia.

A pesar de estas disculpas, la madre del coahuilense, María Hortensia Rivas Rodríguez, quien a su vez es la presidenta de la asociación civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras, no dudó en advertir que para ella y para su familia la impunidad sigue presente, y que el hecho de que los gobiernos reconozcan sus errores y omisiones en la ministración de la justicia en nada cambia las cosas, ya que desde su perspectiva, su hijo sigue desaparecido y en manos de las autoridades de Coahuila.

“Aún me siento como el primer día en que ni siquiera me recibían la denuncia. Tenemos autoridades insensibles que no tienen la voluntad para hacer su trabajo. En este tiempo yo he sido investigadora y buscadora”, sentenció.

Sin duda alguna la madre de Víctor Manuel tiene toda la razón, ya que es bastante lógico que desdeñando las disculpas, la agraviada siga exigiendo a las autoridades un compromiso real de justicia. Y es que sin duda, los familiares de los desaparecidos lo que menos buscan son discursos, que evidentemente solo se ofrecen para ocultar la carencia de la voluntad política de los gobiernos.

Porque, quién puede creer que existan disculpas sinceras de ambos niveles de Gobierno, cuando las mismas se ofrecen a sabiendas de que algunos de los funcionarios involucrados por acción u omisión, siguen paseándose por nuestro territorio sin castigo alguno.

Es decir, cómo suponen los gobernantes que las víctimas crean que se intenta resarcir un daño, cuando los culpables siguen vigentes en la política. O lo que es lo mismo, ¿a quién le pude servir un perdón que carece de arrepentimiento?