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Perder garantías

Por Sergio Sarmiento

Hace 2 semanas

Hace algunos años parecía que los mexicanos estábamos ganando la batalla contra un Estado inquisidor y autoritario, pero hoy la estamos perdiendo. La decisión de la primera sala de la Suprema Corte de permitir que las autoridades hacendarias obtengan información de las cuentas bancarias de personas o empresas sin mediar autorización de un juez es un golpe brutal contra los derechos individuales.

Nadie cuestiona que la autoridad pueda revisar las cuentas bancarias cuando demuestra ante un juez que hay causa probable de la comisión de un delito, como evasión fiscal. El problema surge cuando obtiene acceso a la información de manera discrecional, sin orden de un juez, sin tener que explicar las razones, sin notificar al ciudadano cuyos derechos están siendo violados. Esto se presta a abusos enormes, a pesar de que la Constitución supuestamente garantiza la protección de la información personal.

Los ministros de la primera sala reconocieron en su fallo “la relevancia del derecho a la privacidad”. Están obligados. El artículo 16 de la Constitución no solo señala que “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”, sino que añade: “Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales”. Ante estas garantías constitucionales, los ministros no pueden simplemente decir que el Estado no tiene obligación de proteger el secreto bancario.

Sin embargo, con el argumento de que “ningún derecho es absoluto”, ministros, legisladores y funcionarios han venido erosionando las garantías individuales para construir un Estado cada vez más poderoso y abusivo. El artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito es un paso en esta dirección, ya que permite a las autoridades hacendarias revisar cualquier cuenta bancaria sin permiso de un juez y sin que haya siquiera una causa probable que lo justifique. El fallo de la Corte que declara constitucional este artículo viola el derecho a la protección de los datos personales, lo cual preocupa en un momento en que el propio Presidente de la República exhibe los datos financieros personales de un periodista porque le molestan sus críticas.

No es el fallo contra el secreto bancario el único caso en que el Estado mexicano está degradando las garantías individuales. Cada vez es mayor el número de delitos en los que no se aplica la presunción de inocencia. La figura de prisión preventiva, que permite castigar antes de juzgar, se aplica a un número creciente de delitos. El caso de Rosario Robles es ejemplo de cómo se usa contra los “enemigos” políticos, incluso cuando se les acusa de delitos que no prevén esta prisión preventiva. La extinción de dominio permite a las autoridades confiscar las propiedades de presuntos delincuentes antes de ser juzgados, pero además les otorga la facultad de venderlas sin que haya un fallo judicial previo. El característico “usted disculpe” de la justicia mexicana se vuelve un insulto en estos casos.

Cada vez nos acercamos más a una sociedad como la que describe George Orwell en 1984. El Estado tiene derecho a detenernos, despojarnos de nuestras propiedades y hurgar en nuestras cuentas bancarias. Lo puede hacer a discreción; no tiene ya siquiera que convencer a un juez. aunque no les costaba mucho hacerlo antes. Las garantías individuales se están convirtiendo en simples adornos de la Constitución, preceptos sin validez real.

 

Drenaje

Mientras el Estado viola el secreto bancario, oculta información que debe ser pública. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México reservó por tres años las bitácoras de operación del drenaje metropolitano del 6 de septiembre de 2021. No quiere que conozcamos las acciones que llevaron a la inundación del río Tula que causó 14 muertes.

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